Prometen publicar en web de Presidencia el informe de Nenecho Rodríguez, pero sin fecha confirmada. El documento permanece sin remitir a Diputados.
La Presidencia de la República mantiene archivado el informe de intervención a la Municipalidad de Asunción desde el 25 de agosto, sin proceder a su remisión oficial a la Cámara de Diputados. Esta demora contrasta marcadamente con la celeridad demostrada en el caso de Miguel Prieto en Ciudad del Este, donde el reporte fue trasladado inmediatamente al Congreso para ejecutar la destitución correspondiente. El tratamiento diferenciado genera interrogantes sobre los criterios políticos que determinan la difusión de estos documentos oficiales.
El ministro del Interior Enrique Riera confirmó que el documento se encuentra en poder del Ejecutivo desde hace más de 48 horas, aguardando el trámite administrativo correspondiente. La dilación resulta llamativa considerando que Óscar Rodríguez renunció precisamente para evitar el proceso de destitución que hubiera requerido la intervención parlamentaria. Esta maniobra política permitió al exintendente evadir el escrutinio público inmediato que implica la revisión legislativa del informe interventor.
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, reveló que Santiago Peña le adelantó la intención de publicar ambos informes de intervención en el portal oficial de Presidencia. Sin embargo, persisten dudas sobre el alcance de esta difusión, particularmente si incluirá la totalidad de las evidencias documentales o solamente un resumen ejecutivo. La falta de precisión sobre el contenido a publicar alimenta especulaciones sobre posibles omisiones estratégicas.
Informe sobre intervención en Asunción estará disponible en la web de la presidencia
▪️El presidente Santiago Peña comunicó al titular de Diputados, Raúl Latorre, que el informe final sobre la intervención en Asunción será publicado próximamente en el sitio web oficial del… pic.twitter.com/njeAT6TMrv
— Radio Ñandutí (@nanduti) August 27, 2025
La ausencia de cronograma definido para la publicación y remisión parlamentaria profundiza las sospechas sobre el manejo político del caso. Latorre no recibió fechas tentativas para ninguno de los procedimientos, lo que contrasta con la urgencia demostrada en situaciones similares anteriores. Esta indefinición temporal permite a los actores involucrados ganar tiempo mientras se diluye el impacto mediático del escándalo municipal asunceno.
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El informe del interventor Carlos Pereira documenta irregularidades administrativas mediante 43 carpetas repletas de evidencias. Estas pruebas respaldan múltiples denuncias sobre el manejo irregular de recursos públicos durante la gestión de Rodríguez en la Comuna capitalina. La magnitud de la documentación sugiere irregularidades sistemáticas que van más allá de errores administrativos aislados, configurando un patrón de gestión cuestionable en la principal municipalidad del país.
La Contraloría General de la República ya había remitido previamente varios reportes a la Fiscalía sobre irregularidades en la Municipalidad de Asunción. Sin embargo, el avance de las investigaciones penales contra Rodríguez permanece en reserva, sin comunicados oficiales sobre procesamiento o imputación alguna. Esta falta de transparencia sobre el componente judicial del caso alimenta percepciones sobre posible impunidad o dilación deliberada en los procesos investigativos.
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El sector cartista en Diputados anticipó que el informe será archivado inmediatamente tras su ingreso al orden del día parlamentario. Esta decisión prematura, anunciada antes de conocer el contenido completo del documento, evidencia la existencia de acuerdos políticos previos para blindar al exintendente. El archivamiento automático impediría el debate público y la evaluación independiente de las irregularidades documentadas por el interventor oficial.
La disparidad en el tratamiento de ambos casos de intervención municipal revela criterios políticos diferenciados según la importancia estratégica de los actores involucrados. Mientras Prieto fue removido expeditivamente tras la difusión inmediata de su informe, Rodríguez logró negociar su renuncia y el posterior entierro parlamentario de las evidencias. Esta diferenciación expone las limitaciones del sistema de control institucional cuando enfrenta figuras con mayor capital político dentro del oficialismo dominante.
Fuente: ABC Color