La Caja de Jubilaciones vendió motocicletas institucionales por G. 80.000 cada una en subasta cuestionada por jubilados ante crisis financiera.
La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal ejecutó una subasta que despertó controversias al vender seis motocicletas por apenas G. 80.000 cada una. El evento se realizó bajo la conducción del Consejo de Administración que encabeza Venancio Díaz Escobar, actualmente imputado por lesión de confianza. La institución justificó la operación como parte de su plan de mejoramiento en gestión y transparencia patrimonial.
La base de licitación establecida en G. 80.000 por motocicleta generó cuestionamientos inmediatos sobre la razonabilidad del precio fijado. Los vehículos de dos ruedas alcanzaron un valor total de G. 1.400.000 en la subasta, mientras que una camioneta Mitsubishi Sport Nativa se vendió por G. 14.500.000 con base inicial de G. 3.500.000. La diferencia entre ambos remates evidenció disparidades en los criterios de valuación aplicados.
El comunicado oficial de la Caja Municipal señaló que el proceso responde a observaciones de la Contraloría General de la República sobre bienes en desuso. La Observación N° 15 indica que vehículos y equipos informáticos mantienen valores históricos elevados en el Balance General sin reflejar su depreciación real. Esta situación afecta la veracidad de los estados financieros institucionales según el organismo contralor.
Los jubilados expresaron su descontento por el precio irrisorio obtenido en la venta de bienes institucionales que consideran parte de su patrimonio previsional. Argumentan que motocicletas en cualquier estado de conservación superan ampliamente el valor de G. 80.000 en el mercado paraguayo. Sus reclamos se fundamentan en la percepción de que se está dilapidando el patrimonio que respalda sus futuras prestaciones.
La situación financiera de la Caja Municipal presenta indicadores preocupantes que contextualalizan la urgencia de estas ventas patrimoniales. La institución enfrenta un déficit operativo desde hace dos años que ha generado retrasos significativos en los pagos. Actualmente los jubilados reciben sus haberes correspondientes al mes de mayo, evidenciando un atraso de tres meses en las obligaciones previsionales.
Los antecedentes de ventas patrimoniales incluyen cuatro inmuebles subastados previamente, generando recursos que resultaron insuficientes para equilibrar las finanzas institucionales. Algunos beneficiarios recurrieron a la justicia para impedir estas operaciones, argumentando que el Consejo actual compromete la sostenibilidad del sistema previsional. Sus demandas judiciales buscan proteger los activos remanentes de la institución.
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El Consejo de Administración completo enfrenta imputaciones por lesión de confianza y cobro indebido de honorarios, agregando un componente judicial al crisis institucional. Estas acusaciones penales cuestionan la legitimidad de las decisiones patrimoniales adoptadas durante su gestión. La coincidencia temporal entre las imputaciones y las ventas genera suspicacias sobre las motivaciones detrás de estos remates.
La Contraloría General estableció lineamientos específicos para la depuración de registros contables que la institución dice cumplir mediante estas subastas. Sin embargo, la implementación práctica de estas directivas genera debate sobre si el saneamiento contable justifica la liquidación de activos a precios controvertidos. La tensión entre cumplimiento normativo y preservación patrimonial define el núcleo del conflicto actual.
Fuente: ABC Color