El proyecto contempla fideicomiso y nuevas concesiones, mientras usuarios y choferes temen por sus derechos laborales y participación.
La Cámara de Senadores tiene previsto analizar este miércoles el proyecto de reforma del transporte público en medio de fuertes cuestionamientos de organizaciones gremiales y de usuarios. El documento fue tratado con código en comisiones y únicamente acepta modificaciones presentadas hasta el 27 de agosto, generando incertidumbre sobre la inclusión de propuestas de los sectores afectados.
La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana y la Federación de Trabajadores del Transporte mantienen su posición crítica ante la falta de garantías laborales en el nuevo modelo. Los gremios advierten que la discusión parlamentaria podría resultar en la aprobación de un proyecto que no contempla las preocupaciones fundamentales de trabajadores y usuarios del sistema de transporte metropolitano.
La reunión tripartita entre el Ministerio de Trabajo, el gremio de choferes y el Viceministerio de Transporte se reanudará este lunes a las 15:00 horas tras quedar en cuarto intermedio. Esta instancia busca desactivar la huelga anunciada para el miércoles y jueves, fechas que coinciden con el tratamiento legislativo del proyecto normativo en el Senado.
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Griselda Yúdice de Opama explicó que las principales demandas incluyen compensaciones para trabajadores despedidos injustificadamente a través del fideicomiso propuesto y que el Comité Asesor de pasajeros tenga carácter vinculante en las decisiones. Los dirigentes presentaron modificaciones formales con respaldo de los senadores Esperanza Martínez y Rafael Filizzola, que serán evaluadas este martes en la Comisión de Hacienda.
El plan gubernamental establece concesiones de 15 a 20 años mediante licitación pública, abarcando provisión de flota, infraestructura, operación de unidades funcionales y servicios complementarios. El Estado comprará los buses a través de concesionarios y los pondrá a disposición de operadores, priorizando vehículos de bajas emisiones con máximo 15 años de antigüedad y reduciendo las actuales 36 líneas a 10 empresas operadoras.
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El financiamiento funcionará mediante un fideicomiso administrado por la AFD, sostenido con billetaje electrónico y subsidios estatales. Este mecanismo centralizará pagos a concesionarios y cubrirá costos no financiados por el pasaje, aunque permanece unclear el origen de recursos iniciales para adquirir al menos 1.000 unidades. La implementación gradual demandará aproximadamente cuatro años con integración tarifaria que permitirá múltiples viajes con un solo pasaje.
Fuente: ABC Color