La representante legal de Miru Systems en Paraguay formó parte del equipo de transición de Santiago Peña y mantiene nexos con funcionarios clave.
La abogada Cynthia Leite, representante de la firma coreana Miru Systems Co. Ltd. en Paraguay, integró el equipo de transición del actual presidente Santiago Peña. La revelación se produce en el contexto del frustrado proceso licitatorio para la compra de máquinas de votación, convocado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), con un presupuesto de 93 millones de dólares.
El nombre de Leite aparece en registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), donde figura como apoderada legal de la empresa que buscaba introducir sus equipos en el sistema electoral paraguayo. Este vínculo genera nuevas dudas sobre el proceso, considerando que Leite fue parte del equipo político-técnico que recibió información clave durante la transición de gobierno.
El 20 de julio de 2023, Leite participó de una reunión junto al exviceministro de Transporte, Óscar Stark, en representación del grupo político de Peña. También fue presentado en esa ocasión Guido Benza, exjefe de gabinete del actual titular de la DNCP, Agustín Encina. La cercanía entre los actores involucrados apunta a una red de confianza tejida desde antes del cambio de mando presidencial.
Antes de su rol como representante de Miru Systems, Leite prestó funciones en la DNCP durante la administración de Santiago Jure, hombre cercano a Horacio Cartes. Jure fue abogado en el proceso de naturalización de Dario Messer, considerado como una figura clave en tramas de lavado de dinero vinculadas al entorno cartista.
Posteriormente, Jure ocupó cargos de alto rango en Obras Públicas y en la DNCP. Actualmente, es socio del estudio jurídico Gross Brown, que comparte vínculos con directivos de Ueno Bank y su holding en Luxemburgo, una estructura empresarial con conexión directa con el presidente Peña.
Mientras representaba a la empresa coreana en el proceso ante el TSJE, Leite también ocupaba el cargo de asesora externa del Instituto de Previsión Social (IPS), con un salario mensual de 18 millones de guaraníes. Su contrato data de febrero de 2024 y continúa vigente.
El esposo de Leite, Pablo Lezcano Roa, también aparece vinculado a cuestionamientos. Fue director de Contrataciones del Ministerio de Salud durante la pandemia y enfrentó un sumario por supuestas irregularidades. Hoy vuelve a figurar en planilla en el mismo ministerio, con un salario superior a los 11 millones de guaraníes.
Lezcano mantiene una estrecha relación con Jorge Bogarín Alfonso, declarado significativamente corrupto por el gobierno de Estados Unidos. Ambos colaboraron políticamente en el grupo “Es Nuestro Momento”, cercano al procurador saliente Marco Aurelio González y a su hermano José González, actual director jurídico del IPS.
Además, Lezcano fue nombrado encargado de cátedra en la Facultad de Derecho de la UNA tras el avance del mismo grupo político. Percibe una remuneración adicional por dicha función académica.
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El cuñado de Leite, Fernando Iván Lezcano Roa, también fue beneficiado con un cargo relevante. Actualmente se desempeña como coordinador en la DNCP, dentro del área de Inteligencia de Mercado, con un salario de más de 15 millones de guaraníes. Su nombramiento coincidió con la llegada de Encina a la institución.
Intentos de obtener la versión de Cynthia Leite resultaron infructuosos. Pese a varios llamados realizados por el medio ABC, la abogada no ofreció respuesta alguna. Su silencio y los vínculos detectados refuerzan los cuestionamientos sobre el proceso de licitación y las relaciones entre estructuras estatales y actores empresariales.
Fuente: ABC Color