Un informe de Al Jazeera señala a políticos paraguayos como Alliana, Peña, Prieto y Alegre en un esquema de sobornos y regalos ligados a la influencia y presión de China Comunista.
La cadena catarí Al Jazeera difundió una investigación que salpica a la política paraguaya. El programa 101 East siguió los pasos de Shi Dizi, empresario chino radicado en Ciudad del Este desde 2012, quien afirmó haber entregado dinero a Santiago Peña y Efraín Alegre durante la campaña electoral de 2023.
Shi, expresidente de la Cámara de Desarrollo y Asistencia Mutua Internacional Paraguay-China, fue grabado en cámara oculta. Allí relató que mantenía contacto diario con el exintendente Miguel Prieto y que trabajaba bajo lineamientos de la embajada china en Brasil.
Según sus declaraciones, el empresario pagaba mensualmente USD 8.000 a Peña y USD 3.000 a Alegre en plena campaña presidencial. Aunque ambos negaron haber recibido fondos de Shi, el testimonio quedó registrado en el documental como parte del esquema de influencia que busca erosionar la relación con Taiwán.
El vínculo de Shi con Prieto se evidenció en gestos constantes, como el envío mensual de vinos. El empresario afirmaba además que el político esteño proyectaba su campaña para 2028 y requería apoyo económico para sostenerla.
En otro tramo del material audiovisual, Shi mencionó un supuesto “regalo” de USD 1,5 millones destinado al vicepresidente Pedro Alliana y a cinco senadores para obtener el visto bueno para su emprendimiento.
Incluso presumió de obtener favores en la Dirección Nacional de Migraciones para facilitar el ingreso de ciudadanos chinos con documentos adulterados.
El entramado incluía a su socio Lin Fan, presentado como miembro del Ministerio de Seguridad del Estado de China. Ambos, junto con otros empresarios, buscaban instalar una subestación de energía vinculada a Itaipú para alimentar proyectos de minería de criptomonedas y negocios digitales.
Lin Fan obtuvo sus documentos paraguayos en agosto de 2023, cuando María de los Ángeles Arriola era directora de Migraciones, días antes de entregar el poder.
La investigación detalló la red societaria: Meta Luban, de Shi Dizi, Juan Jiang y Haozhe Yuan, más Yang Li Yi, conocida como Cristina Yang, con antecedentes en casinos clandestinos online. El grupo planeaba adquirir tierras en Chaco’i, Nueva Asunción, que pertenecían a Humberto Domínguez Stroessner.
El contacto para esas negociaciones era supuestamente Cid Marecos Arias, joven agente inmobiliario con empresas como Grupo 965 S.A. y Datcen SA. Marecos Arias aparece asociado a Adolfo Horacio González Insfrán, y este con Adolfo Manuel González Núñez, empresarios con participaciones en importantes firmas del rubro inmobiliario.
Shi y Lin ya operaban una granja ilegal de criptominería en Alto Paraná, utilizando energía robada. Su ambición, según relató, era replicar en Paraguay los llamados centros de estafas del sudeste asiático, donde personas trabajan bajo condiciones de explotación para cometer fraudes online.
China se desligó de las declaraciones del empresario, aunque su discurso repetía vínculos con oficiales de Beijing. En paralelo, Shi aparecía en fotos con el vicepresidente Alliana y el exministro de Justicia Ángel Barchini, además de visitar la represa de Itaipú.
El caso genera dudas sobre si Shi actuaba como criminal oportunista que exageraba nexos con China o si en realidad cumplía funciones de intermediario encubierto. El hecho de que hablara de políticos paraguayos como fáciles de corromper refuerza las sospechas sobre su verdadero papel.
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La investigación surge en un momento en que Peña reafirma en foros internacionales el vínculo con Taiwán. Sin embargo, sectores internos del Partido Colorado y parte de la oposición promueven debates sobre una eventual apertura a la República Popular China.
Lo cierto es que el documental de Al Jazeera exhibe una trama que conecta a empresarios, políticos y redes internacionales con la vulnerabilidad institucional paraguaya. La figura de Shi Dizi, entre bravuconadas y confesiones, deja en evidencia la fragilidad del sistema frente a intereses externos.
Fuentes: La Política Online/Investigación de Al Jazeera/OCCRP