El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la apertura de nuevas causas penales contra tres jueces de paz, hoy ya acusados por el caso conocido como “mafia de los pagarés”. A las mismas asignó a los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, bajo coordinación de la fiscala Adjunta Soledad Machuca.
Están dirigidas sobre la jueza de paz de La Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro; la jueza de paz de La Catedral 2° Turno, Nathalia Guadalupe Garcete Aquino; cabe señalar que ambas magistradas están suspendidas actualmente por la Corte Suprema de Justicia; y el ex juez de paz de La Recoleta, Víctor Nilo Rodríguez Acosta.
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Las resoluciones firmadas por Rolón, se dan ante nuevas porciones fácticas surgidas las causas, tales como nuevas denuncias realizadas por víctimas, las cuales ya no pueden ser incluidas en dichas causas, debido a que las mismas están en estado avanzado, con acusación presentada, lo que amerita la apertura de una investigación penal independiente.
Los magistrados, según la teoría de la Fiscalía, “dictaron resoluciones judiciales a favor de las partes demandantes, torciendo el derecho”, pues lo hicieron bajo conocimiento de que los datos en los cuales basaron sus fallos eran falsos.
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Juzgado de La Encarnación notificó en Argentina
En este sentido, los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero tiene a su cargo dos causas paralelas, relacionadas a hechos registrados en el Juzgado de Paz de La Encarnación, a cargo de Analía Cibils, acusada por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
Según expone uno de los documentos, se trata de la tramitación del expediente N° 6807/2024 caratulado “PH Sociedad Anónima e/ Andrea Lorena Balbuena Galeano s/ acción preparatoria de juicio ejecutivo”.
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La ujier notificadora Audrey Galeano, luego de que se haya presentado la demanda y se hayan librado los mandamientos de embargo ejecutivo, “habría informado falsamente sobre el diligenciamiento de la cédula de notificación de la providencia que citaba a reconocer firma a la deudora”.
Lo llamativo en este caso es que, la notificación practicada en el 14 de junio de 2024 a las 16:00, en la dirección General de San Martín 132, San Miguel de Tucumán, Argentina. Sin embargo, esta actividad judicial se debe realizar a través de Cancillería, no en forma directa. La jueza Cibils no tuvo en cuenta esto y dictó resolución resolviendo el apercibimiento e iniciando el juicio ejecutivo.
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Se enteraron de juicios, recién con los embargos
La otra porción fáctica que guarda relación con la jueza de paz Analía Cibils, es que la misma habría dictado resoluciones judiciales en el marco de demandas planteadas por la abogada Diana Belén Molinas Macchi, como representante de “Global Enterprises”.
Ello se habría llevado a cabo en aparente violación de la normativa procesal civil, pues se llevaron adelante juicios sin que los demandadaso tengan conocimiento de los procesos en su contra, lo que habría sido factible con la participación del actuario judicial Ricardo Cuevas y el ujier notificador Nicolás Antúnez, quien habría realizado informes falsos de notificación a los demandados, con el conocimiento de todos los intervinientes en dichos juicios.
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En cuanto a los expedientes tramitados por la jueza de paz de La Catedral 2° Turno, Nathalia Garcete, la Fiscalía refiere que las actuaciones están vinculadas a los abogados Juan Alberto Bogado, César Rubén Bogarín Alen y Édgar Ayala Melo, representantes de la firma CARSA, quienes habrían usado informes de notificaciones falsos para hacer avanzar juicios ejecutivos.
Indagan presunta simulación en sorteo de expedientes
Mediante allanamientos hechos en las oficinas de la firma “Compañía Administradora de Riesgos SA” (CARSA), se constató la existencia de unos 10.000 expedientes que habrían sido ingresados al Sistema Judisoft, ni contendrían actuaciones judiciales propiamente; pero sí notificaciones, supuestamente efectuadas por la ujier notificadora Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg.
Es así que en esos hechos estarían involucrados los abogados, quienes habrían elaborado carátulas para simular el sorteo en el sistema Judisoft y así, fijar la competencia en el Juzgado de Paz de La Recoleta.