El exdirector municipal, Wilfrido Cáceres, cuestionó el manejo de los bienes incautados por el Ministerio Público en el marco de la causa abierta contra él por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Aseguró que la subasta fue irregular y “no hay pruebas de que esos objetos provengan del hecho investigado”.
El exdirector municipal Wilfrido Cáceres se refirió a la decisión de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) de subastar bienes decomisados en el marco del proceso que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito. Según explicó, la institución se ampara en su ley orgánica, que autoriza la venta anticipada de objetos de difícil o costoso mantenimiento.
El dinero recaudado se depositará en una cuenta judicial y recién con una sentencia firme se determinará el destino final de esos fondos. “Desde ese punto de vista, entendemos que todavía está garantizada la posibilidad de una devolución, ya no en el bien que fue, pero sí en dinero líquido”, indicó.
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Sin embargo, Cáceres cuestionó que la Fiscalía no haya demostrado la procedencia de los bienes subastados, entre los que figuran instrumentos musicales, consolas de sonido y una computadora.
“Uno de los incidentes planteados en esta audiencia preliminar tiene que ver con la imposibilidad que tiene a hoy la Fiscalía ya en etapa de acusación, de determinar que esos bienes verdaderamente provengan del hecho investigado, en este caso el enriquecimiento ilícito (…) No hay un acto de investigación que determine, por ejemplo, si esos objetos no eran de terceros o esos objetos fueron regalos de bodas, o esos objetos provienen de antaño o fueron herencias familiares”, afirmó.
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Señaló que él solicitó la devolución de los bienes incautados. Cuestionó en ese contexto que supuestamente no se analizó el contenido del disco duro de la computadora incautada por la Fiscalía. “Ahí radica la circunstancia de la displicencia y la desprolijidad con la que manejó el Ministerio Público, la incautación y el manejo de esos bienes”, sostuvo.
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Incautación no estaba autorizada, sostuvo
El exdirector municipal sostuvo que la incautación careció de fundamento legal y la Fiscalía no estaba autorizada a decomisar los bienes.
Por otra parte, también cuestionó la tasación y evaluación de precios comparativos. Agregó que van a verificar si los bienes fueron vendidos por el valor que deberían tener, después de que tengan una sentencia final.
“Y eso lo haremos seguramente ya después de una eventual sentencia de absolución, de lo cual estamos confiados en un eventual juicio oral o en esta instancia de la audiencia preliminar, si alguno de los incidentes tuviera la consecuencia lógica de no proseguir con el proceso penal”, señaló sosteniendo su inocencia.
Millonario enriquecimiento
Cáceres está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al igual que su pareja, Ruth Jazmín Da Silva, de profesión odontóloga. De acuerdo a las investigaciones, la pareja no tiene cómo justificar un incremento en su patrimonio por la suma de G. 7.764.350.575.
La investigación fiscal, que abarcó el periodo comprendido entre los años 2013 y 2023, se inició tras denuncias por el presunto desvío de recursos municipales destinados a paliar el contagio masivo de covid-19 mediante compras de productos de limpieza, un caso conocido como “detergentes de oro”.