El presidente Santiago Peña enfrenta denuncias por aumento patrimonial y vínculos con empresarios beneficiados, mientras mantiene silencio.
El presidente Santiago Peña mantiene silencio frente a las denuncias que lo involucran a él y a su entorno familiar en presuntas irregularidades patrimoniales y vínculos con empresarios favorecidos por contratos estatales. Dos presentaciones ante la Fiscalía solicitan investigar el aumento exponencial de su patrimonio y las relaciones con firmas adjudicadas en licitaciones emblemáticas del Gobierno.
Uno de los ejes de las denuncias es el crecimiento patrimonial del mandatario. Entre 2017 y 2023, su patrimonio neto habría aumentado un 1.603 %, generando una diferencia no explicada de G. 9.200 millones, pese a haber sido considerado persona expuesta políticamente (PEP) durante dos años tras dejar el Ministerio de Hacienda. Tampoco ha brindado explicaciones sobre una camioneta de lujo vinculada a un proveedor de pupitres importados de China, transferida a una empresa de su propiedad en enero de 2023.
El silencio presidencial se mantiene incluso después de que el abogado Óscar Tuma confirmara que el director financiero de la Presidencia, César Ibarrola, le confesó la devolución de sobres con dinero por parte de la exfuncionaria Luz Candado. Este hecho contradice las versiones oficiales que negaban la existencia de los sobres en Mburuvicha Róga.
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En medio de las investigaciones, persisten las dudas sobre el uso de dinero en efectivo y la emisión de facturas a nombre de terceros dentro del entorno presidencial. Aunque las normas de la DNIT y Seprelad establecen mecanismos de control, desde el Ejecutivo no se ha emitido ninguna aclaración.
Otro punto que genera cuestionamientos es la falta de transparencia sobre la utilización del polígrafo en civiles dentro del ámbito presidencial, práctica que no cuenta con un marco legal que la respalde. Pese a las críticas, la Presidencia no ha presentado documento alguno que legitime su aplicación.
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A ello se suman las sospechas por reuniones nocturnas con empresarios en la residencia presidencial, realizadas previo a adjudicaciones millonarias del programa Hambre Cero. Estas visitas coinciden con el otorgamiento de contratos a empresas vinculadas al Grupo Vázquez, señalado por presunto tráfico de influencias.
El jefe de Estado continúa sin pronunciarse sobre las acusaciones, mientras las denuncias ante la Fiscalía avanzan y las pruebas documentales apuntan a un posible conflicto de intereses y manejo irregular de fondos públicos. La falta de respuestas desde el Ejecutivo mantiene abierta la polémica sobre la transparencia en el actual Gobierno.
Fuente: ABC Color