Santiago Peña pidió a la Contraloría examinar sus declaraciones juradas en medio de denuncias sobre presunto enriquecimiento ilícito y dinero hallado en Mburuvicha Róga.



El presidente de la República, Santiago Peña, solicitó a la Contraloría General de la República la revisión de sus declaraciones juradas de bienes y rentas. La decisión se dio tras la polémica por la supuesta aparición de sobres con dinero en efectivo dentro de la residencia presidencial, Mburuvicha Róga.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario informó que presentó una actualización de su declaración jurada y pidió un examen de correspondencia sobre los datos registrados. El objetivo, según explicó, es transparentar su situación patrimonial frente a las acusaciones en su contra.

La solicitud de Peña ocurre en medio de un escándalo político y mediático originado por las denuncias de Luz Maribel Candado, una exempleada de Mburuvicha Róga. La mujer afirmó que durante su tiempo en la residencia se hallaron sobres con miles de dólares y que posteriormente fue despedida tras ser sometida a interrogatorios por militares.

Candado también relató que el supuesto extravío de dinero nunca fue denunciado ante el Ministerio Público. Este hecho ha generado cuestionamientos sobre el origen y la legalidad del efectivo encontrado, además de señalar una posible omisión por parte de la Presidencia.

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Las declaraciones de la exempleada motivaron a legisladores opositores a presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público. La acción incluye acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y administración en provecho propio contra el mandatario.

En una carta dirigida al contralor general, Camilo Benítez, el presidente expresó que el examen solicitado busca tutelar su buen nombre frente a publicaciones que calificó de falsas, inexactas e interesadas. Según el documento, estas informaciones habrían distorsionado la percepción pública sobre su patrimonio.

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El mandatario sostiene que el incremento patrimonial entre su gestión como ministro de Hacienda en 2017 y su asunción presidencial en 2023 proviene exclusivamente de ingresos del sector privado. Indicó que todos sus bienes están respaldados por documentos legales y son resultado de una vida de trabajo.

Sin embargo, la denuncia presentada por legisladores menciona que Peña declaró un patrimonio de 2.300 millones de guaraníes en 2017 y 23.000 millones en 2023. Según un estudio técnico, unos 10.000 millones no tendrían justificación clara, incluso considerando sus ingresos como directivo del banco Basa, vinculado al expresidente Horacio Cartes.

Desde la Contraloría aclararon los límites del procedimiento. Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas, explicó que el análisis solicitado solo puede verificar si el patrimonio declarado por Peña en 2023 existía al momento de la presentación. Añadió que la ley faculta a la CGR a controlar las declaraciones al asumir o al cesar en el cargo y no contempla revisar ingresos obtenidos antes o después del periodo declarado.

La aclaración de Torres implica que la Contraloría no tiene atribuciones para investigar el origen ni la legalidad de los ingresos privados del mandatario, limitando su revisión a la verificación formal del patrimonio declarado.

Fuente: ABC Color


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