Proyecto oficialista pretende restablecer el voto secreto en la Corte y eliminar límites de mandato. Críticas por riesgo de retroceso institucional y captura judicial.
El Senado debatirá en dos semanas un polémico proyecto de ley que modifica el artículo 8 de la Ley 609/95, que organiza la Corte Suprema de Justicia. La propuesta, presentada por legisladores oficialistas, busca derogar la Ley 7058/2023, que había establecido el voto público para la elección de autoridades judiciales y la rotación obligatoria en circunscripciones.
Diversos referentes del ámbito político y jurídico advirtieron que la iniciativa representa un «grave retroceso» en materia de transparencia y acceso a la información pública. Entre ellos se destacan la senadora Yolanda Paredes, el constitucionalista Hugo Estigarribia y la abogada en derechos humanos Alejandra Peralta Merlo.
Yolanda Paredes critica modificaciones a la Ley de la Corte Suprema: «Buscan perpetuar mafias jurídicas»
▪️La senadora Yolanda Paredes se pronunció en contra de un proyecto de ley que modifica un artículo de la Ley de Organización de la Corte Suprema de Justicia. Paredes… pic.twitter.com/iYeVd9nen3
— Radio Ñandutí (@nanduti) October 15, 2025
El proyecto plantea el retorno al voto secreto y elimina la limitación de mandatos departamentales. Para los críticos, esto abre la puerta a la consolidación de estructuras de poder y redes de influencia en el sistema judicial.
Paredes: “Una mafia jurídica estructurada”
La senadora Yolanda Paredes sostuvo que la eliminación del límite de mandatos es el punto más delicado de la propuesta. Según explicó, en varias jurisdicciones se formaron grupos enquistados que operan como verdaderas mafias jurídicas.
Paredes ejemplificó con el caso de Alto Paraná, donde, según afirmó, durante años existieron estructuras dominadas por magistrados y abogados con intereses comunes. “Es una mafia organizada entre jueces, fiscales, ministros de tribunales y abogados del sector privado”, señaló.
Agregó que la permanencia prolongada en los cargos permitió la captura de las causas más importantes en la región. En ese sentido, mencionó que figuras como Sindulfo Blanco y César Diesel concentraron poder en zonas clave del país.
Paredes expresó su preocupación porque el proyecto fue impulsado por senadores del cartismo y no por los propios ministros de la Corte. Recordó que el legislador Javier Zacarías Irún solicitó su tratamiento urgente, lo que evidencia, a su criterio, una intención de acelerar su aprobación antes del receso legislativo.
“Los ministros de la Corte están acostumbrados a ocupar sus circunscripciones durante décadas. Esta ley limitaría esa práctica al establecer la rotación cada dos años, y por eso buscan revertirla”, explicó.
La parlamentaria enfatizó que la única manera de frenar las estructuras corruptas es garantizando la alternancia y la transparencia en la elección de autoridades. “Volver al voto secreto es retroceder en términos democráticos”, advirtió.
Críticas jurídicas y preocupaciones democráticas
El constitucionalista y ex senador Hugo Estigarribia calificó la propuesta como un paso atrás en la consolidación del sistema judicial. A su juicio, el proyecto tiene “tufo a acuerdo político” y carece de justificación técnica.
“No entiendo por qué tendría que haber secreto si el voto se expresa finalmente en las sentencias”, señaló. Consideró que la transparencia debe ser el principio rector del Poder Judicial, dado que la impunidad alimenta la corrupción.
Estigarribia recordó que la publicidad del voto fue una conquista de la democracia y un pilar del derecho ciudadano a conocer los actos de sus autoridades. “No hay nada secreto en la decisión de un ministro que luego se traduce en una sentencia pública”, afirmó.
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Por su parte, la abogada Alejandra Peralta Merlo alertó que el retorno al voto secreto impedirá que la ciudadanía conozca los motivos que guían la elección de las autoridades judiciales.
“La propuesta restringe el acceso a la información sobre cómo y por qué los ministros eligen a sus pares. Al eliminar la publicidad, se vuelve imposible controlar la influencia política en las decisiones judiciales”, señaló.
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Peralta enfatizó que esta medida puede marcar el inicio de un proceso regresivo en materia de transparencia. “Si se aprueba, podríamos retroceder una década o más, antes de la promulgación de la Ley de Acceso a la Información Pública”, advirtió.
La especialista consideró que el proyecto no solo afecta al Poder Judicial, sino que representa una amenaza para la ciudadanía, que perdería el derecho a conocer los debates internos de la Corte. “La democracia se fortalece con luz, no con secretismo”, concluyó.
Fuente: Última Hora