Dos licitaciones por casi 20 millones de dólares en el IPS generan sospechas de direccionamiento y favoritismo político en plena crisis de medicamentos.
En un contexto marcado por la falta de medicamentos e insumos básicos en el Instituto de Previsión Social (IPS), dos licitaciones por casi 20 millones de dólares generaron sospechas de favoritismo político y uso ineficiente de fondos públicos. La denuncia fue difundida por el comunicador Ariel Basualdo, a través de su cuenta en X (@aisman6), donde expuso presuntas irregularidades en los pliegos y posibles vínculos empresariales con figuras del poder.
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El análisis indica que estas licitaciones priorizan proyectos secundarios mientras miles de asegurados enfrentan una crisis sanitaria sin precedentes. Basualdo advierte que los criterios técnicos podrían estar diseñados para beneficiar a oferentes específicos.
Contratos cuestionados y gastos no esenciales
La primera licitación, identificada como N.º 459649 – LPN 164-25, contempla la instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) para el IPS. Este contrato representa una inversión millonaria en equipos de seguridad, cuando la demanda principal de los hospitales del ente se centra en medicamentos y equipamiento médico.
Basualdo considera que la compra carece de urgencia y desvía recursos de áreas prioritarias. Según datos del Portal de Contrataciones Públicas, los documentos del llamado confirman los montos y especificaciones técnicas, disponibles para consulta pública, pero con criterios de selección que podrían limitar la competencia.
La segunda licitación, N.º 474838 – LPN 151-25, corresponde a un sistema de gestión integral de aportes y recaudaciones, con un costo superior a los 17 millones de dólares. En este caso, los pliegos exigen experiencia técnica “desde 2019”, una condición que supera los estándares habituales y podría excluir a empresas competidoras, beneficiando a oferentes con vínculos políticos.
Vínculos empresariales y el rol del Clan Morel
Las publicaciones de Basualdo señalan a las empresas Go Paraguay e Infocenter S.A. como posibles beneficiarias. Go Paraguay es dirigida por Maximiliano Morel, hijo del seccionalero colorado Carlos Morel, junto con Eduardo Tishler. Ambos han sido mencionados en adjudicaciones previas de alto valor vinculadas a instituciones públicas.
Carlos Morel, líder del denominado “Clan Morel” y actual presidente de la Seccional Colorada N.º 1, ha ocupado cargos en la Conatel y el IPS, construyendo redes políticas que, según informes periodísticos, le otorgaron influencia sobre licitaciones estatales.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran al dirigente junto a figuras como Horacio Cartes, Santiago Peña y Raúl Latorre, reflejando la cercanía del grupo con el poder político.
Antecedentes de adjudicaciones repetidas
El análisis de Basualdo también recuerda que el IPS ya había adquirido en 2017 un software similar al ofertado actualmente, adjudicado a Infocenter por 5 millones de dólares. En la nueva licitación, el costo asciende a más del triple, sin evidencia de auditoría sobre el sistema anterior.
ABC Color informó que el contrato fue firmado por solo dos consejeros del IPS, lo que refuerza las dudas sobre la transparencia del proceso. Investigaciones previas de La Nación, lideradas por la periodista Rossana Escobar, ya habían advertido sobre irregularidades similares durante administraciones anteriores.
Red de intereses y conflictos políticos
Eduardo Tishler, socio de Go Paraguay, fue vinculado a casos como los “Coquitos de Oro” con la firma Orion Group SA, además de figurar en licitaciones por G. 26.000 millones con el MOPC en tiempos de Wiens y con Petropar en tiempos de Cartes.
El hilo también menciona a Raúl Serrati, hermano de Diego Serrati, cercano al presidente Peña, como socio oculto en la estructura de Go Paraguay, lo que plantea posibles conflictos de interés.
Basualdo sostiene que la reiteración de nombres y empresas en licitaciones públicas demuestra un patrón de favoritismo y concentración de contratos en círculos reducidos.
Reacción institucional y llamados a investigar
El presidente del IPS, Jorge Brítez, reconoció recientemente la escasez de insumos médicos y admitió retrasos en la adquisición de fármacos esenciales. Sin embargo, no se pronunció sobre las licitaciones denunciadas.
Basualdo exhortó a la Contraloría General y al Ministerio Público a abrir una investigación independiente sobre los contratos, para determinar la existencia de direccionamientos o conflictos de interés.
Leé más: IPS bajo la lupa: denuncian direccionamiento en licitación
Mientras el gobierno de Santiago Peña insiste en su política de transparencia, las denuncias de favoritismo en el IPS exponen tensiones dentro del propio sistema estatal. El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión de recursos públicos en una institución clave para la salud paraguaya.
Fuente: Investigación de Ariel Basualdo (@aisman6)