“El que no llora no mama” dice uno de los videos profusamente compartidos vía Whats App por miembros del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar), que anuncia la huelga judicial en reclamo de aumento salarial del 12% para los 13.900 funcionarios permanentes del Poder Judicial en todo el país.
Recordemos que en enero hay feria judicial, por lo que el ritmo de trabajo en el Poder Judicial a esta altura del año es intenso.
“La Bicameral de Presupuesto, bajo la presidencia del senador Beto Ovelar -quien se cree un dios en la tierra- ha vuelto a abofetear a los funcionarios judiciales, dejándolos nuevamente sin su merecido reajuste salarial”, dice el texto que acompaña el material audiovisual de la convocatoria a la medida de fuerza, que habla de “15 años de denigración y humillación salarial de los funcionarios judiciales de la capital e interior del país”.
La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, presidido por el senador colorado cartista Silvio “Beto” Ovelar, no hizo lugar al pedido de aumento solicitado por la Corte Suprema de Justicia para el ejercicio 2026.
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El organismo en su sesión de ayer aprobó la versión de proyecto de presupuesto de la Corte Suprema asignado por el Poder Ejecutivo, lo que implica que no se incluirá en el dictamen los incrementos reclamados.
Proyecto de la Corte prevé aumento y nuevos cargos
El proyecto de presupuesto 2026 presentado por la Corte asciende a más de G. 2,3 billones (US$ 291,8 millones al cambio presupuestado), lo que representa un aumento del 34% con respecto al presupuesto vigente, en tanto la versión del Ejecutivo asciende a G. 1,9 billones (US$ 243,1 millones al cambio presupuestado), que representa un incremento es del 22%.
El proyecto de la CSJ incluye la creación de 891 cargos para el sector administrativo y jurisdiccional y aumento salarial: 20% para los funcionarios que ganan dentro de un rango de G. 2.798.309 a G. 5.000.000; 10% para los que ganan entre G. 5.000.001 a G. 10.000.000; 5% para los que ganan G. 10.000.001 en adelante.
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Además, la propuesta mencionada prevé la adecuación salarial para actuarios judiciales de primera y segunda Instancia y actuarios especializados de Juzgados de Paz para un total de 1.210 cargos; así como también la nivelación salarial para 3.901 cargos.
Huelga de funcionarios judiciales, desde noviembre
La información sobre la implementación de la medida de fuerza fue confirmada por la secretaria general del citado gremio, Porfiria Melgarejo de Ocholasky, quien anunció que la huelga se realizará a partir del 14 de noviembre y se extenderá hasta el 14 de diciembre.
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También ayer, a través de una nota presentada al presidente de la Corte Suprema de Justicia César Diesel, por la Asocación Paraguaya de Actuarios Judiciales.
Los actuarios solicitan el acompañamiento de la máxima instancia judicial para exigir el cumplimiento de la ley N° 7000/2022, que prevé un reajuste del salario base al 60% del salario de un juez de primera instancia, así como de las bonificaciones correspondientes al cargo.
¿Habrá descuentos?
Recordemos que la huelga en el Poder Judicial fue prácticamente un “clásico” durante varios años, en los cuales los funcionarios que se adherían a la medida de fuerza lograban evitar los descuentos correspondientes con la compensación de las horas no trabajadas, sumando una hora más de en su horario por algunos meses.
Sin embargo, ante los fuertes cuestionamientos de gremios de abogados y la renovación de parte de los miembros de la máxima instancia judicial, en el año 2020 el entonces presidente Alberto Martínez Simón rechazó la petición de compensación y ordenó el descuento de los días no trabajados.
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“El descuento afectará a 698 personas por siete días no trabajados; 387 trabajadores por seis días y así, sucesivamente, hasta llegar a 543 personas con un día de descuento”, puntualizó en aquella oportunidad el entonces titular de la CSJ.
La medida, aplaudida por los distintos gremios de abogados, terminó por debilitar las convocatorias realizadas posteriormente, que ya no contaron con la masiva adhesión que caracterizaba la medida de fuerza que años anteriores afectó considerablemente la actividad tribunalicia.