Junta Municipal exige transparentar el saldo de bonos omitido en 2026, detallar cronograma financiero y reportar avances fiscales sobre el presunto desvío millonario.
La Junta Municipal de Asunción reclamó la omisión del saldo de bonos en el Presupuesto 2026. Los concejales pidieron claridad sobre las cuentas vinculadas a los bonos G6 y G7 y su impacto en obras. La discusión incluyó pedidos formales de informe y observaciones sobre la consistencia contable de los registros vigentes.
En la última sesión, los ediles cuestionaron la decisión de la Administración municipal de financiar con recursos propios obras que debían pagarse con bonos. Advirtieron que el cambio requiere transparentar el cronograma financiero y el estado de las cuentas que originalmente respaldaban los contratos de inversión pública.
Pedidos de informes y cronograma financiero
El concejal Humberto Blasco informó la nueva decisión administrativa y remarcó la necesidad de exponer el cronograma de ejecución financiera. Solicitó un informe detallado sobre la forma en que, de ahora en adelante, se mostrará el saldo de los bonos y el calendario de desembolsos asociados a los contratos vigentes.
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Blasco sostuvo que deben presentarse los reembolsos y su reflejo presupuestario. Afirmó que corresponde una exposición contable del proceso de descarga de las cuentas originadas con bonos, sin desconocer la nueva fuente de financiamiento institucional. “Se deben exponer de alguna manera los reembolsos”, indicó, aludiendo a la fuente 30.
El concejal Javier Pintos señaló que recurrir a otras fuentes de financiación “implica aceptar tácitamente que ese dinero (de los bonos) desapareció”. Señaló que la Junta deberá afrontar compromisos con ingresos corrientes y formuló una pregunta central: “¿Dónde está la plata?”, en referencia al destino de los fondos originalmente previstos.
Observaciones sobre registros contables y saldos
Los ediles advirtieron que el balance general del segundo cuatrimestre no expone los montos depositados en las cuentas de los bonos G6 y G7. Recordaron que el G7 se destinó a obras en la Estación de Buses de Asunción, el Mercado 4 y el mirador de Itá Pytã Punta, por lo que su saldo y ejecución deben estar debidamente registrados.
Álvaro Grau manifestó que no resulta lógico ni contable que desaparezca una cuenta o el saldo de bonos. Señaló que, utilizados o no, los recursos deben figurar en los estados contables y en el presupuesto. Insistió en que el registro debe ser claro y verificable, con la debida trazabilidad de cada movimiento.
Grau afirmó que el dinero debe estar devengado y que la situación es grave desde el punto de vista contable. Recordó que existen obras pendientes comprometidas con el G7 y cuestionó la propuesta de la administración de Luis Bello. Aseguró que “jamás vas a poder borrar el desvío de 70 millones de dólares” atribuido a la administración anterior.
Resoluciones y avance de la investigación fiscal
Al cierre de la sesión, la Junta resolvió remitir a la Intendencia el pedido de informes formulado por Blasco. La minuta fue aprobada con un agregado de Pintos, que exigió el plan financiero previsto por la Administración para afrontar sus deudas, consideradas por los concejales como de alto volumen.
La edil Rosanna Rolón recordó que existe una investigación fiscal por el presunto desvío ilegal de G. 512.000 millones bajo la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez. Solicitó resultados concretos y la identificación de los responsables, con el objetivo de recuperar recursos para destinarlos a obras municipales pendientes.
Rolón planteó que la devolución de fondos permitiría subsanar necesidades prioritarias en la ciudad. Mencionó el caso del exasesor y exdirector Wilfrido Cáceres, citado por su patrimonio. Reiteró que corresponde perseguir el recupero de activos y redireccionarlos a proyectos que requieren financiamiento inmediato.
Asimismo, la concejal pidió señales de avance en la causa y una revisión seria de la actuación de funcionarios de la administración anterior. Recalcó la necesidad de información del fiscal a cargo y expresó su preocupación por la falta de reportes públicos tras varios meses de trámite. “No puede ser que el fiscal se quede cruzado de brazos”, afirmó.
En paralelo, se observó que el Presupuesto 2026 fue elaborado sin incluir fondos en el saldo de bonos. Por otra parte, el balance del segundo cuatrimestre reporta G. 447.056.874 rendidos en bonos hasta agosto de 2025, cifra que los concejales piden contextualizar con el detalle de cuentas, contratos y cronogramas.
Según el informe de intervención, las cuentas habilitadas a nombre de la Municipalidad sumaban G. 37.450.432.198 al 23 de junio. Los ediles requirieron que esos datos se concilien con los saldos de los bonos G6 y G7 y con los compromisos asumidos en obras, a fin de asegurar transparencia y consistencia contable.
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El documento de gastos consolidados presentado a la Junta indica que las obras financiadas con la fuente 20 (bonos) alcanzaron G. 30.396.183.819 hasta agosto. La Junta reiteró que la Administración debe clarificar el estado de ejecución y el saldo remanente, así como establecer un plan financiero para cubrir deudas sin afectar servicios.
Los concejales insistieron en que la exposición detallada del cronograma financiero y de los saldos de bonos es indispensable. El objetivo es mantener control público sobre la ejecución de obras, asegurar el cumplimiento de contratos y garantizar que los registros contables reflejen íntegramente el origen y el destino de cada recurso.
Fuente: Última Hora