El proyecto de “reconocimiento y compensación” para 784 beneficiarios vuelve al orden del día en vísperas electorales. Persisten dudas sobre el financiamiento estatal.
La Cámara de Diputados colocó como tercer punto de su sesión el proyecto que plantea una “compensación económica” para expolicías y militares que prestaron servicio durante el golpe de 1989. La discusión llega en puertas de un año electoral y reabre el debate sobre prioridades presupuestarias y precedentes recientes.
La iniciativa, impulsada por el diputado José Domingo “Mino” Adorno, propone “reconocer como beneméritos” y otorgar un régimen de compensación a gestores y combatientes de la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989. El texto fue reflotado e ingresó entre los primeros puntos del orden del día, replicando un patrón observado en procesos electorales previos.
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El antecedente inmediato es la Ley 7081/23, sancionada antes de las elecciones generales de 2023, que fijó indemnizaciones para conscriptos del mismo periodo. A ese grupo se pretende sumar ahora a 784 oficiales, suboficiales, herederos y otros de las Fuerzas Armadas y la Policía. La inclusión ampliaría de forma sensible el universo de beneficiarios.
El nuevo esquema eleva el monto unitario respecto de los conscriptos. Mientras la ley vigente fijó 750 jornales mínimos (aprox. G. 83.626.500 por persona), el proyecto actual establece 2.500 jornales por beneficiario (G. 278.755.000). Con 784 personas en lista, el desembolso estimado asciende a G. 218.543.920.000, cercano a USD 31 millones.
#ABCNoticias Exsoldados del 89′ afirman que reglamentación de ley es imposible de cumplir
Excombatientes del 89′ volvieron a movilizarse en el microcentro de Asunción este martes. Exigen el pago de las indemnizaciones aprobadas por ley y señalan que ahora el problema es que… pic.twitter.com/36gI5R89D2
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) September 9, 2025
El financiamiento es el principal punto crítico. El Gobierno de Santiago Peña no ha completado aún el pago a beneficiarios de la ley vigente, pues el Ministerio de Economía y Finanzas no definió la fuente de recursos para cubrir esas obligaciones. La discusión legislativa se instala así con compromisos previos pendientes de ejecución.
El derrotero de la Ley 7081/23 ilustra la dinámica institucional. Fue sancionada el 20 de abril de 2023, diez días antes de los comicios. El entonces presidente Mario Abdo Benítez vetó totalmente la norma, pero el Congreso levantó el veto y ratificó la promulgación. Ese precedente condiciona la lectura política del nuevo intento.
El proyecto de Adorno llega al pleno sin dictámenes de comisiones y con sucesivas postergaciones desde su presentación en agosto del año pasado. Su retorno coincide con la antesala de las municipales de 2026, lo que agrega un componente temporal que incide en la agenda legislativa y en la discusión pública.
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En paralelo, Diputados prevé tratar la escala del sueldo básico del personal civil de la Fuerza Pública. La propuesta plantea aumentos progresivos por antigüedad para administrativos, profesionales y oficios, con tope de 30 años y un máximo de cuatro salarios mínimos (G. 11.596.192). El paquete combina medidas de alto impacto fiscal con efectos políticos inmediatos.
Fuente: ABC Color