El Congreso sancionó una versión de la Ley de Protección de Datos Personales que, según críticos, viola la Constitución al restringir la transparencia y el acceso ciudadano a fuentes públicas.
El Senado ratificó y sancionó el polémico proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, conocida por la oposición como la “versión Frankenstein”. La decisión se tomó con 24 votos de la mayoría oficialista y sus aliados, enviando la norma al Poder Ejecutivo a pesar de las severas advertencias sobre su inconstitucionalidad. Legisladores de la oposición instaron de inmediato al presidente Santiago Peña a ejercer su derecho de veto total.
La crítica central de la oposición es que esta ley representa un “retroceso histórico” en materia de transparencia y control ciudadano. El argumento principal es que tanto la versión sancionada como la de Diputados violan directamente el Artículo 28 de la Constitución Nacional, el cual garantiza que las “fuentes públicas de información son libres para todos”.
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El punto más polémico de la versión ratificada se encuentra en el Artículo 24, bajo el título “Del Acceso a la Información Pública y Protección de Datos”. Este artículo establece que:
“El derecho de acceso a la información obrante en fuentes públicas podrá ser denegado o limitado… cuando tal medida resultase necesaria para evitar un perjuicio concreto a la protección de uno de los intereses privados inherentes a la protección de los datos personales…”
El senador Rafael Filizzola (PDP) fue enfático al respecto. “El artículo 28 (de la Constitución) dice claramente que las fuentes públicas de información son libres. Las libertades no se cercenan. Con este proyecto se viola la Constitución y se mata la ley de acceso a la información pública”, sentenció.
La senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) criticó la ley con ironía, calificándola como una mezcla de “versión Frankenstein y versión Drácula”. Martínez denunció que el verdadero trasfondo de estas normas es mantener un sistema de “cleptocracia”, o el gobierno de los corruptos.
Filizzola respaldó esta tesis. Acusó al Gobierno de consolidar la impunidad, señalando conflictos de interés en altos cargos. “¿Si defienden la transparencia, debieron rechazar antes?”, cuestionó la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) a los oficialistas, recordando que la versión de Diputados también era inconstitucional. El senador Elías Kobilansky (Cruzada Nacional) remarcó que “quien ingresa al sector público tiene que mostrar todo”.
¿Debe el presidente Peña vetar la ley?
Con la ratificación del Senado, la decisión final recae en el presidente Santiago Peña. Varios legisladores, incluso el senador Colym Soroka (ANR, aliado cartista), admitieron la grave falencia del proyecto. Soroka reconoció que el texto “nació mal, sigue mal y va a terminar mal”, y que le dejan “un duro trabajo al presidente”.
El senador Ignacio Iramain (Independiente) fue claro: “Si el presidente quiere tener algún grado de purificación, deberá rechazar esta ley por improcedente”. Por su parte, el oficialista Patrick Kemper (ANR-Honor Colorado) sostuvo que la responsabilidad final de la inconstitucionalidad recaerá en el Congreso si la ley es aprobada, y no en el presidente Peña.
Desde la oposición, el mensaje a Peña es unánime: la única vía para defender la transparencia y el derecho constitucional de acceso a la información pública es el veto total de la norma. El proyecto sancionado ahora queda en manos del Poder Ejecutivo, cuya decisión definirá si la polémica ley entra en vigencia o si es devuelta al Congreso para un nuevo tratamiento.
Fuente: ABC Color