David Jara, legislador cartista, presentó y retiró en un día su propuesta de indemnización a víctimas de la “Mafia de los pagarés”, tras una fuerte reacción política.
El diputado cartista David Manuel Jara Espinoza sorprendió al retirar, en menos de 24 horas, un proyecto de ley que buscaba indemnizar a las víctimas de la llamada “Mafia de los pagarés”. La iniciativa había sido ingresada el día anterior al Sistema de Información Legislativa (SILpy) y fue retirada al día siguiente, sin explicación oficial.
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El legislador, quien asumió en reemplazo del fallecido Derlis Rodríguez, había presentado el texto el jueves a las 8:17 en la mesa de entrada de la Cámara de Diputados. Sin embargo, para la mañana del viernes, el proyecto ya figuraba como desistido. La rapidez de la decisión generó sorpresa dentro del propio cuerpo legislativo.
En su exposición de motivos, Jara justificó su propuesta con el artículo 39 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a una indemnización justa ante perjuicios ocasionados por el Estado. Sostuvo que el caso conocido como “Mafia de los pagarés” representaba un claro ejemplo de daño causado por la función jurisdiccional.
El diputado argumentó que el Estado debía asumir responsabilidad por los perjuicios sufridos por las víctimas. Incluso afirmó que el Congreso estaba legitimado para establecer una compensación a través de una ley especial. Pese a esa convicción inicial, el documento fue retirado sin brindar mayores razones a la opinión pública.
La exposición indicaba además que el Poder Legislativo debía actuar de forma oportuna ante este tipo de situaciones. Propuso remitir el proyecto a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto para su dictamen. Sin embargo, ese proceso nunca llegó a concretarse.
El contenido del proyecto definía los montos de indemnización a través de un artículo específico. Cada víctima debía recibir el total del perjuicio acreditado en juicio más una compensación adicional de mil quinientos jornales. En caso de fallecimiento, los herederos solo accederían al monto complementario.
Con el jornal vigente, esa cifra representaba aproximadamente G. 167 millones por beneficiario. El planteamiento limitaba los pagos a quienes sufrieron daños en los juzgados de paz de Asunción durante los procesos judiciales vinculados a la red de la “Mafia de los pagarés”.
El retiro del texto dejó en pausa cualquier intento de reparación estatal hacia las víctimas. Según el procedimiento legislativo, la comunicación del desistimiento será incluida en la sesión ordinaria del martes 11, cuando se formalice su archivo.
Fuente: ABC Color