La Cámara Baja rechazó pedidos de informes y declaraciones. Opositores denuncian censura y falta de argumentos. En la mira, binacionales, ministerios y un banco ligado al presidente.
La Cámara de Diputados registró en los últimos meses un bloqueo sostenido a solicitudes que apuntan al Gobierno de Santiago Peña. La mayoría cartista, con apoyo de satélites considerados por la oposición como falsos opositores, rechazó pedidos de informes y proyectos de declaración. La tendencia afecta iniciativas que, según opositores, generan incomodidad al oficialismo.
Los rechazos se aprobaron sin justificaciones de fondo, de acuerdo con los planteos realizados en el pleno. Los principales afectados fueron los diputados Raúl Benítez, Johanna Ortega, Rocío Vallejo, Diosnel Aguilera y Miguel Martínez. Las negativas abarcaron temas sensibles para la administración, con foco en organismos clave y funcionarios de alta dirección.
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Los blindajes señalados por la oposición alcanzan pedidos sobre un banco vinculado al presidente y sus negocios con el Estado. También incluyeron requerimientos a Itaipú y Yacyretá, consultas al vicepresidente Pedro Alliana, distintos ministerios y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. En conjunto, se trata de áreas estratégicas de gestión y control.
Ante la reiteración de rechazos, varios opositores formalizaron reclamos ante la mesa directiva, presidida por Raúl Latorre. La respuesta recibida fue que los diputados tienen derecho a oponerse a cualquier pedido. Ese argumento fue calificado en el pleno como insuficiente frente a la obligación de transparencia y rendición de cuentas.
Durante la última sesión, Rocío Vallejo advirtió que no se había registrado un nivel de censura similar en años anteriores. Señaló que los bloqueos se ejecutan sin argumentos y afectan el ejercicio del derecho constitucional de petición de informes a otras instituciones públicas. La queja se instaló como un punto recurrente en el debate político.
Pedidos censurados en los últimos meses:
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Informe sobre el contrato del IPS con el banco ueno por la concesión del Parque de la Salud.
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Informe sobre arrendamiento de vehículos en Itaipú, vinculado a conversaciones difundidas de la exsenadora Norma Aquino y el suspendido senador Javier Vera.
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Informes sobre deudas del Ministerio de Salud con farmacéuticas y la crisis sanitaria denunciada por la ciudadanía.
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Informes sobre deudas del MOPC con contratistas que condicionan la continuidad de obras estatales.
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Informe sobre uso de la donación de Taiwán por parte del presidente del Congreso, Basilio Núñez.
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Declaración que instaba a destituir al ministro del Interior, Enrique Riera, tras la represión en la manifestación de la Generación Z.
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Informe a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal por su situación financiera y pagos atrasados.
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Informe a la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones por su situación financiera.
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Informes relativos al departamento de Ñeembucú: deudas de municipios con ANDE; líneas de transmisión hacia Villa Franca; deudas con Essap; usuarios con refinanciación en Essap; altas de personal en IPS por el consorcio sanitario Ñeembucú; y desembolsos del MOPC al mismo consorcio.
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Además, la oposición reportó que fueron bloqueados múltiples pedidos relacionados con el feudo electoral del vicepresidente Pedro Alliana. El patrón de negativas, sostienen, limita el control legislativo sobre áreas críticas y posterga respuestas que deberían ser públicas.
Fuente: ABC Color