Dos proyectos buscan impedir trámites nacionales y actividades comerciales a contribuyentes con deudas municipales. Diputados debatirán su alcance en un año electoral.
Dos proyectos impulsados por el diputado cartista Néstor Castellano ingresaron al borrador del orden del día de la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Las iniciativas buscan modificar la Ley Tributaria para endurecer los controles sobre contribuyentes morosos y otorgar a los intendentes una herramienta adicional de recaudación en vísperas de las elecciones municipales.
Certificado tributario condicionado al pago municipal
El primer proyecto plantea modificar el artículo 194 inciso “A” de la Ley 125/1991, que regula el régimen tributario nacional. La propuesta busca impedir que quienes adeuden tributos municipales puedan acceder al Certificado de Cumplimiento Tributario expedido por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Este documento es un requisito clave para realizar trámites administrativos, solicitar créditos, operar comercialmente e incluso obtener un pasaporte.
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Según la exposición de motivos, el objetivo es incorporar el pago del impuesto inmobiliario como requisito obligatorio para obtener el certificado. La argumentación sostiene que la falta de un mecanismo de presión mantiene altos niveles de morosidad en los municipios, considerados de baja recaudación. El propio proyectista admite que la medida representa un “apriete” para mejorar el cumplimiento, dado que el certificado es indispensable para múltiples actividades económicas.
Además, la propuesta advierte que la retención del certificado podría limitar la salida del país de ciudadanos que necesiten tramitar su pasaporte. También afectaría a los contribuyentes que requieran documentos legales o financieros, generando un impacto directo en el desarrollo económico local y en la movilidad de las personas.
Negocios en riesgo por timbrado condicionado
El segundo proyecto modifica el artículo 83 inciso “A” de la Ley 6380/2019, que define el nacimiento de la obligación tributaria. La propuesta agrega una exigencia adicional: que, para solicitar autorización o timbrado de documentos tributarios, el contribuyente deba presentar un Certificado de Cumplimiento Tributario Municipal emitido por la municipalidad de su domicilio fiscal.
El documento certificará que el contribuyente está al día con el pago de la patente comercial o profesional correspondiente al último ejercicio fiscal vencido. Esta exigencia podría paralizar actividades comerciales de negocios que se encuentren en mora, ya que el timbrado es requisito esencial para la emisión de facturas legales y para operar formalmente.
Por lo tanto, la propuesta podría dejar como únicas opciones el cierre temporal, el trabajo informal o la imposibilidad de regularizar la situación financiera de empresas que justamente necesitan seguir operando para cumplir con sus obligaciones municipales.
Diputados deberán debatir estas modificaciones en un contexto electoral. La discusión ocurre a menos de un año de las elecciones municipales del 4 de octubre, donde los legisladores tienen fuerte influencia territorial en sus departamentos. Sectores críticos advierten que la iniciativa podría prosperar en la Cámara Baja, dando a los intendentes una herramienta de presión adicional sobre contribuyentes y comercios locales.
Para los gremios y municipalistas, el debate será clave para definir hasta qué punto un municipio puede condicionar trámites nacionales o actividades económicas en base a deudas locales. También será central la discusión sobre si el DNIT debe asumir funciones de verificación municipal, o si esta carga puede afectar la eficiencia del sistema tributario general.
Mientras tanto, diversos sectores políticos y técnicos analizan posibles impactos sobre la formalidad empresarial, la movilidad ciudadana y la autonomía municipal. La decisión del pleno marcará un precedente sobre el alcance de los gobiernos locales para condicionar trámites y habilitaciones a escala nacional.
Fuente: ABC Color