En pleno auge de los discursos de extrema derecha y de la normalización de los conservadores tradicionales del discurso defendido por los ultras, especialmente el antimigratorio, la Unión Europea ha allanado este lunes en Bruselas el camino a la controvertida creación de centros de deportación fuera de territorio comunitario.
En un nuevo giro hacia una política migratoria más dura, los ministros de Interior de los Estados miembros han acordado además —con la oposición de pocos países, como España— reducir de forma sustancial la cuota anual de reubicación solidaria de demandantes de asilo, igual que las contribuciones económicas compensatorias de los países que prefieran pagar en vez de aceptar la cifra de migrantes que les corresponde. En pleno invierno demográfico, con la reducción de la natalidad y la población en la mayoría de los socios, la UE realiza una maniobra que aspira a contrarrestar (asumiendo parte de su ideario) el voto para la ultraderecha. Ha aprobado un paquete de medidas que da más poder a los Estados miembros para expulsar a los solicitantes de asilo que no han recibido la aprobación para quedarse, así como para crear esos centros de deportación y recepción de migrantes fuera de la UE, en línea con el cuestionado modelo de Italia en Albania.
“Estamos ante un viraje indiscutible en política migratoria que contraviene todo lo que defiende la Europa de valores”, se lamenta una fuente diplomática sobre las medidas que los ministros de Interior han aprobado este lunes. “Hay que controlar el desafío migratorio, pero no casándose con el argumentario de extrema derecha. Los votantes siempre preferirán el original a la copia, además”, sigue.
En una sesión maratoniana —la rapidez con que se han aprobado todas las propuestas es otra muestra más del endurecimiento generalizado en materia migratoria—, los responsables de la política interior de la UE han dado su visto bueno a la revisión del reglamento de retorno, que incluye la posibilidad de que los Estados miembros firmen convenios con países de fuera de la UE para enviar a centros allí instalados a migrantes que hayan visto rechazada su petición de asilo. Al mismo tiempo, han aprobado también la propuesta legislativa de la Comisión de reformar el concepto de “tercer país seguro”, algo que facilitará de igual modo la deportación a una nación diferente de la de su origen a demandantes de asilo rechazados en Europa.
Estos pasos crean la base legal que le permitirá en el futuro a los Estados miembros que así lo deseen negociar con terceros países como Uganda o Albania la creación de centros de internamiento de migrantes en lugares más allá de las fronteras europeas y con los que los expulsados no tienen necesariamente ninguna relación.
Dinamarca, que está a punto de culminar su presidencia de turno del Consejo de la UE y que ha sido uno de los principales impulsores de las medidas migratorias más restrictivas, sobre todo de los centros de retorno, ha celebrado las decisiones como una forma de “acabar con los incentivos” para que los migrantes se “embarquen en viajes peligrosos a la UE”, ha dicho el ministro de Inmigración, Rasmus Stoklund.
Los defensores de estas eufemísticamente denominadas “soluciones innovadoras” aseguran que han confirmado con instituciones internacionales que en estos centros se garantizarán los derechos fundamentales de los inmigrantes afectados. Pero en España, uno de los que más abiertamente se ha opuesto a estas políticas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha advertido de que los centros de retorno siguen generando “serias dudas jurídicas” e “interrogantes” sobre la efectiva protección de los derechos de los inmigrantes afectados.
Los Veintisiete también han logrado, con una mayoría holgada, dar su visto bueno a otra propuesta para crear una lista europea de “países de origen seguros”, tal como demandaba el Gobierno de la primera ministra italiana ultra Giorgia Meloni, que ha impulsado un controvertido centro de retención de inmigrantes en Albania. Esto, a su vez, permitirá agilizar, y también denegar de forma más rápida, las demandas de asilo de los solicitantes de los países que se considerarán “seguros”: Bangladesh, Colombia, Egipto, India, Marruecos, Túnez y Kosovo.
Aunque estas medidas todavía tienen que ser negociadas con el Parlamento Europeo antes de que puedan entrar en vigor, en vista del gran peso de las fuerzas más ultras en el hemiciclo, apenas caben dudas de que el endurecimiento migratorio se consagrará con estas nuevas normativas.
“Estamos poniendo en orden nuestra casa europea en materia migratoria”, ha celebrado las votaciones el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner. El conservador austriaco es un defensor del “giro de inflexión” que ha dado la UE en materia migratoria y que endurece sus políticas cuando todavía quedan más de seis meses para que entre en vigor completamente el Pacto de Migración y Asilo que se tardó más de una década en cerrar. Una situación que ha lamentado Grande-Marlaska, para quien este paso “rompe” la integridad de un pacto migratorio cuando este ni siquiera ha podido aún demostrar su valía.
En la misma jornada en que Europa confirmaba su intención de cerrar más aún sus fronteras, también ha rebajado su solidaridad migratoria interna. Los responsables de Interior han decidido rebajar la propuesta de la Comisión del denominado “paquete de solidaridad” con los países bajo mayor presión migratoria para 2026: el texto acordado este lunes reduce de 30.000 a 21.000 el número de migrantes a reubicar y de 600 a 420 millones de euros el montante de asistencia financiera.
Según ha justificado el Consejo en un comunicado, la reducción de la ayuda que debería beneficiar el año que viene a países como España, Chipre, Grecia e Italia se debe a que el primer año del ciclo de gestión de migración empezará a implementarse el 12 de junio —fecha en que entra en vigor el Pacto Migratorio—, por lo que se considera que necesitará menos fondos y cuotas que cuando el ciclo sea de 12 meses.
El mecanismo de solidaridad con los países con mayor presión migratoria —que la Comisión enumera en una lista que revisará anualmente— prevé diversas opciones de compensación por parte del resto de Estados: pueden aceptar reubicar en su territorio parte de los demandantes designados —hasta 21.000 en 2026, según lo acordado ahora— o pagar una “compensación” financiera. También ofrecer medidas “alternativas de solidaridad” de mutuo acuerdo con el país que busca aliviar su presión migratoria, que pueden ser tanto financieras como de ayuda material o personal, entre otros.
Grande-Marlaska ha lamentado la rebaja de las cuotas en una votación en la que España se ha abstenido. “El contingente de solidaridad no puede convertirse en un regateo de cifras”, ha advertido, recordando que “sin responsabilidad no habrá solidaridad y, sin solidaridad, tampoco habrá responsabilidad”.