El Gobierno portugués ha apostado por una reforma migratoria profunda que endurece el acceso de los inmigrantes al país. Pero sus líneas maestras, restrictivas y pactadas con la extrema derecha, están chocando con los tribunales. El Constitucional portugués ha tumbado este lunes cuatro artículos de la ley de la nacionalidad aprobada en octubre, así como la modificación del Código Penal que pretendía retirar la ciudadanía a extranjeros naturalizados que hubiesen cometido delitos graves, una pena adicional que los jueces ven como una vulneración del principio de igualdad.
Meses atrás, el mismo tribunal había declarado inconstitucionales algunos aspectos de la ley de extranjería y obligó a modificar el texto. En aquella ocasión fue el propio presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, quien pidió a los magistrados su dictamen. En esta ha sido el Partido Socialista el que ha reclamado una evaluación constitucional previa antes de la promulgación de la norma. “Afortunadamente, la lucidez jurídica ha prevalecido hoy, esperamos que la lucidez política prevalezca también en el futuro”, señaló el diputado socialista Pedro Delgado Alves, que lamentó que el Gobierno hubiese preferido “caminar con un socio radical” para alterar la ley de la nacionalidad.
El tribunal, que tomó la decisión por unanimidad en cuatro artículos y por mayoría en uno de ellos, considera que se atenta contra los principios de proporcionalidad y necesidad penal. Entre los artículos declarados inconstitucionales figuran el que vetaba el acceso a la ciudadanía a quienes fuesen condenados a penas superiores a dos años de prisión, algo que los magistrados ven desproporcional, además de vulnerar el principio de que una condena no puede acarrear la pérdida adicional de derechos civiles y políticos. También se frena el que pretendía eliminar del proceso de nacionalización a quienes rechazasen la adhesión a la comunidad portuguesa, a sus instituciones y símbolos.
La ley de la nacionalidad fue aprobada en la Asamblea de la República a finales de octubre con el 70% de los votos de la cámara, que están en manos de partidos de derechas. Pero fue, sobre todo, el resultado de la negociación entre el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha y principal fuerza de la coalición gubernamental) y Chega, la formación de extrema derecha que lidera André Ventura. La nueva norma incluía reivindicaciones de los ultras como exigir que el solicitante no recibiese ayudas ni subsidios en el momento de la petición y pudiese demostrar que disponía de recursos para ganarse la vida en Portugal.
El aspecto que más dudas jurídicas despertó en el Partido Socialista tenía que ver con la retirada de la nacionalidad como pena adicional a los extranjeros con ciudadanía portuguesa que hubiesen cometido delitos graves. La medida no iba tan lejos como deseaba Chega, que pretendía que fuese automática, y se dejaba a criterio del juez.
Los socialistas interpretaron que esta medida podría ser inconstitucional y solicitaron una valoración previa del alto tribunal. En el caso de las leyes orgánicas como la que está en cuestión, en Portugal se pueden solicitar pareceres previos del Tribunal Constitucional antes de la promulgación definitiva de la norma por tres vías: el presidente de la República, el primer ministro o un quinto de los diputados de una cámara de 230. Mientras el alto tribunal no se pronuncia, la ley no recibe luz verde del jefe del Estado, que tiene la potestad de promulgar o vetar leyes.
La reforma de la ley de la nacionalidad, que amplía el plazo necesario para optar a la ciudadanía (entre siete y diez años) y obliga a realizar exámenes de lengua y cultura portuguesa, forma parte de la gran reforma legal impulsada por el conservador Luís Montenegro en política migratoria. El Gobierno ya ha modificado la ley de extranjería para endurecer tanto la reagrupación familiar como el acceso a los permisos de residencia y ahora prepara el tercer gran cambio en esta materia mediante la ley que regula la devolución de los inmigrantes irregulares.
La propuesta de la ley del retorno aprobada por el Consejo de Ministros, que se encuentra en fase de consulta pública, implica que los inmigrantes sin papeles puedan permanecer en centros de internamiento hasta 18 meses —frente a los dos meses actuales— mientras se resuelve el proceso de expulsión. Se pretende asegurar de ese modo que las órdenes de deportación se ejecutan antes de que los migrantes abandonen los centros. Las devoluciones tampoco serán frenadas por la presentación de un recurso por parte de los afectados, como ocurre ahora. Y, además, se elimina la modalidad del retorno voluntario. El único aspecto en el que Portugal se desmarca de la línea dura de otros países europeos es en el rechazo a deslocalizar los centros de internamiento a terceros países.