El senador Éver Villalba apunta al TSJE por adjudicar el servicio a un consorcio ligado a exsocios de Santiago Peña. El proceso suma sospechas de fraude.
Un grupo de referentes de la oposición anunció la presentación de una denuncia penal contra el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). El senador liberal Éver Villalba lidera esta acción por el presunto direccionamiento de una licitación millonaria. El objeto del cuestionamiento es el contrato para el alquiler de máquinas de votación otorgado al Consorcio Comitia-MSA. Según los denunciantes, existen nexos directos entre los adjudicados y exsocios comerciales del presidente Santiago Peña. Villalba estima que la presentación judicial se realizaría formalmente en los primeros días del próximo mes de enero. Esta situación genera nuevas dudas sobre la transparencia del proceso electoral paraguayo.
El senador Villalba sostiene que el sistema de urnas electrónicas es vulnerable y pasible de fraude electoral. Por ello, el legislador ha expuesto anteriormente posibles mecanismos de alteración de resultados en los dispositivos. A estas críticas técnicas se suman ahora sospechas sobre el vínculo del consorcio con el Grupo Vázquez. Esta entidad empresarial fue socia comercial de Peña hasta abril de este año. El mandatario se desprendió de sus acciones en Ueno Holding recientemente por presiones externas. Sin embargo, los representantes legales de Comitia mantienen lazos estrechos con el entorno financiero del actual presidente de la República.
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Las sospechas de irregularidades comenzaron a principios de año con el primer llamado licitatorio del TSJE. Inicialmente, la institución electoral defendía con firmeza la compra definitiva de las máquinas de votación. Argumentaban que la adquisición otorgaría un control total sobre el desarrollo tecnológico y mayor transparencia. No obstante, tras la descalificación de empresas vinculadas al entorno presidencial, el interés por comprar las máquinas desapareció súbitamente. El TSJE volvió entonces a optar por el modelo de arrendamiento de los equipos. Este cambio de parecer permitió reiniciar el proceso y favorecer a firmas previamente rechazadas por incumplimientos técnicos.
En junio pasado, el TSJE comunicó que las ofertas del Consorcio Comitia-MSA no cumplían con las pruebas de funcionalidad. A pesar de estos antecedentes negativos, la misma empresa resultó finalmente adjudicada bajo la modalidad de alquiler. Para la oposición, este giro administrativo desprende un fuerte indicio de direccionamiento a medida. Los nombres detrás de Comitia refuerzan esta tesis de favoritismo político y económico. Se cita a Pablo Debuchy, asesor del Grupo Vázquez, y a Franco Boccia, presidente de Ueno Seguros. Ambos profesionales también integran estudios jurídicos vinculados a directivos y accionistas de Ueno Bank.
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A pesar de la gravedad de las denuncias, la oposición paraguaya aún no logra un consenso unificado sobre el tema. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) propone un sistema mixto para las futuras elecciones municipales. Esta postura sugiere usar papeletas tradicionales para cargos unipersonales y mantener las máquinas para listas plurinominales. Por otro lado, Jorge Dos Santos, del Partido Cruzada Nacional, exige el rechazo total de las urnas electrónicas antes de cualquier pacto. Según su visión, es imperativo instalar un mecanismo transparente que sea respetado por todas las fuerzas políticas del país.
No todos los sectores opositores comparten el rechazo rotundo hacia la tecnología electoral implementada por el TSJE. La diputada Rocío Vallejo, de Patria Querida, ha defendido públicamente el uso de las máquinas en procesos anteriores. Por su parte, Johanna Ortega, precandidata a la intendencia de Asunción, prefiere seguir analizando la situación técnica de los equipos. El debate interno evidencia las fracturas estratégicas del bloque ante el avance del cronograma electoral. Mientras tanto, la denuncia penal busca frenar una adjudicación que consideran viciada. La justicia deberá determinar si existió una manipulación para favorecer a intereses cercanos al Palacio de López.
Fuente: ABC