Juana Elizabeth Chávez afirma que sus declaraciones juradas fueron manipuladas por un tercero desconocido, niega millonarios bienes y marca distancia con su hijastra, la diputada cartista Johana Vega.
La funcionaria de la Cámara de Diputados Juana Elizabeth “Jennifer” Chávez Romero se desmarcó de la diputada cartista Johana Vega y negó responsabilidad sobre los millonarios bienes que figuran a su nombre en las Declaraciones Juradas (DD.JJ.) ante la Contraloría General. Chávez, quien es madrastra de la legisladora, afirmó que la relación entre ambas es distante desde hace al menos dos años, tras su separación del padre de Vega. Sostuvo que otra persona, utilizando su clave, habría cargado los datos patrimoniales que hoy generan cuestionamientos.
Chávez Romero trabaja en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja y actualmente se encuentra de vacaciones. Aceptó explicar su situación y las dudas sobre sus DD.JJ., en las que asegura haber detectado una presunta manipulación irregular. Indicó que presentó una denuncia ante la Contraloría porque, según su versión, un tercero desconocido habría ingresado una declaración jurada de bienes con cifras que no le corresponden. En ese documento se observa que su patrimonio neto creció más del 201% en solo tres meses, situación que dlla considera incompatible con su realidad económica.
La funcionaria afirmó que ya solicitó a la Contraloría una verificación del registro, llamándole la atención incluso el horario de presentación, que figura a la 1:30 de la madrugada. Aseguró que no declaró los bienes consignados en la polémica DD.JJ., entre ellos dos vehículos y una vivienda en el barrio Trinidad de Asunción por un valor superior al que realmente pagó. Explicó que el automóvil que utiliza es modelo 1997, pertenece a Julián Vega y no a ella, y señaló que los dos vehículos mencionados en el documento también serían de él. Respecto a la vivienda, reconoció que la compró junto con su expareja, pero indicó que la transfirió a nombre de sus hijos para evitar futuros conflictos sucesorios.
Otro punto que generó dudas es el monto de G. 200 millones registrado bajo el concepto de “Varios” entre sus activos. Chávez manifestó que ese ítem también le resultó llamativo, ya que estaba involucrada en un proceso sucesorio y desconocía el monto final que le correspondería. Sostuvo que no pudo haber consignado esos G. 200 millones porque ni siquiera sabía cuánto recibiría, por lo que asocia esa cifra a la supuesta intervención de un tercero en la carga de datos.
Su relación con Johana Vega
En cuanto a su vínculo con la familia de la diputada, Chávez relató que su relación con Julián Vega terminó hace alrededor de dos años, a raíz de una enfermedad que ella atravesó. Comentó que solo participa eventualmente en encuentros familiares, como cumpleaños de Johana Vega, por consideración a sus hijos, medio hermanos de la legisladora. Afirmó que su trato con la diputada “no es bueno” y negó que esta haya intervenido en su recategorización como “jefa”, producida en octubre de 2023. Sostuvo que no tiene una jefatura designada, sino una categoría, y que el cambio ya estaba previsto desde la presidencia de Carlos María López López, pendiente del presupuesto del año siguiente.
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Chávez recordó que ingresó como funcionaria de Diputados en 1999 y permaneció hasta 2011, cuando pasó al Ministerio de Industria y Comercio tras un concurso, hasta su posterior retorno a la Cámara Baja. Sobre el contenido de sus DD.JJ., se observa que su patrimonio neto declarado pasó de G. 466.965.000 al 1 de octubre de 2023 a G. 1.406.965.000 al 18 de enero de 2024. Aunque el periodo declarado difiere en tres meses, ambas declaraciones fueron presentadas con un día de diferencia, lo que alimenta las sospechas sobre los cambios.
De acuerdo con los datos consignados en las DD.JJ., la funcionaria niega haber declarado dos vehículos por G. 80.000.000, una vivienda por G. 860.000.000 y un ítem por “muebles varios” por G. 200.000.000. Insiste en que esos bienes no le pertenecen y que los datos no reflejan su verdadero patrimonio. Por este motivo centra su defensa en la denuncia presentada ante la Contraloría, donde solicita una revisión integral de sus declaraciones juradas y la identificación de quién pudo haber modificado la información original.
Fuente: ABC Color