El presidente estadounidense, Donald Trump, cifra en 1.000 millones de dólares (unos 864.000 millones de euros) el precio que los países deben abonar para adquirir un asiento permanente en la Junta de la Paz, el incipiente proyecto internacional que el mandatario lidera con el supuesto objetivo de conseguir la paz en Gaza y otros territorios del planeta. La Casa Blanca ha invitado a por lo menos 60 líderes mundiales a unirse a un organismo que Washington vinculó inicialmente con la resolución de la guerra en el enclave palestino, pero que adquiere la forma de una asamblea mundial que tendría como líder con amplios poderes a Trump, según detalla un borrador de la carta fundacional al que han tenido acceso Reuters y Bloomberg.
El documento, que Estados Unidos ha enviado a decenas de países a los que invita a participar, detalla que el presidente de la Junta de la Paz —es decir, Trump— tendrá el derecho de decidir quién aspira a unirse al club y cuándo y dónde se celebrarán sus encuentros y votaciones. También tendrá la última palabra sobre las decisiones del organismo, descrito en el borrador como “una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y asegurar una paz duradera en zonas afectadas o amenazadas por conflictos”.
Varios líderes han afirmado haber recibido la invitación, como el rey Abdalá de Jordania o el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif. También lo ha hecho Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, que ha hecho públicas sus intenciones de unirse o Mark Carney, el jefe de gobierno canadiense, que también aceptará, según varios medios de su país. El conservador Santiago Peña, presidente de Paraguay, ha anunciado que su país engrosará la Junta de la Paz, “que tiene como fin actuar en regiones afectadas por conflictos, centrándose en Gaza”.
Varios países europeos han recibido la invitación, mientras que el borrador estadounidense indica que cuando tres Estados hayan aprobado la carta, el proyecto comenzará de manera oficial. Trump detalló en una entrevista reciente con Reuters que la Junta de la Paz abordará otros conflictos cuando haya resuelto el de Gaza, donde los disparos israelíes han matado a 464 personas desde el inicio de la tregua en octubre, según informó el Ministerio de Sanidad gazatí el sábado.
Por ahora, la prioridad es la Franja. Un representante de la Casa Blanca ha declarado a Bloomberg en condición de anonimato que los países pueden unirse a la Junta de la Paz sin coste durante tres años, pero que su permanencia en el organismo dependerá de Trump. Si los países pagan 1.000 millones de dólares durante el primer año del proyecto tendrán garantizada una membresía permanente. Ese dinero, ha añadido, se utilizará para la reconstrucción de Gaza.
La llamada Junta de la Paz ganó notoriedad tras ser mencionada en el plan de 20 puntos que Washington ideó en septiembre para terminar con el conflicto en la Franja, y que terminó inspirando la frágil tregua que rige sobre el enclave. En ese plan inicial, que busca crear un modelo de gobernanza “transitorio” que excluya a la milicia palestina Hamás, ya se anticipaba el establecimiento de “un comité tecnócrata palestino”, encargado del día a día de Gaza y “supervisado” por este organismo, que estaría “encabezado y presidido” por Trump.
El futuro de la tregua
La puesta en práctica de esa parte del plan ha ganado velocidad. El miércoles, las facciones palestinas —incluida Hamás— pactaron la creación del comité tecnocrático, que estará conformado por palestinos y que jerárquicamente se encontrará en el lugar más bajo de la nueva administración gazatí. El jueves, Trump anunció en un comunicado que la Junta de la Paz había sido creada. La nota no detalló la identidad de sus miembros, que deben ser jefes de Estado, pero en ella se aseguraba que la Junta sería “la más prestigiosa jamás formada”.
El viernes, un comunicado de la Casa Blanca hizo oficial la formación de otros tres órganos adicionales a la Junta de la Paz y el comité palestino. El más influyente es la Junta Ejecutiva. “Cada miembro supervisará una cartera clave para la estabilización de Gaza”, decía el comunicado de la Casa Blanca. “[Incluyendo en] relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiación a gran escala y movilización de capital”.
Algunos miembros de la Junta Ejecutiva serán miembros de la Administración Trump que se repiten en otros órganos, como el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado en Oriente Próximo, Steve Witkoff, o el yerno y asesor de Trump, el magnate inmobiliario Jared Kushner. También estarán el ex primer ministro británico, Tony Blair, el billonario estadounidense Marc Rowan o el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.
Más abajo, y con unos poderes no detallados, estará la Junta Ejecutiva de Gaza. Esta entidad debe apoyar la tarea de la Oficina del Alto Representante —Nickolay Mladenov, ex coordinador especial de las Naciones Unidas para la paz en Oriente Próximo—, que busca hacer de puente entre la Junta de la Paz y el comité tecnócrata. A diferencia de lo que ocurre con los dos órganos superiores, que no cuentan con participantes palestinos o árabes, la Junta Ejecutiva de Gaza sí que los tiene. Entre sus miembros están el diplomático qatarí Ali al Thawadi, el jefe de la inteligencia egipcia, Hassan Rashid, o el ministro de exteriores turco, Hakan Fidan.
Oposición y escepticismo
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, protestó el sábado por la configuración de la Junta Ejecutiva de Gaza. Nada más acabar el sabbat, el mandatario colgó un comunicado en hebreo en el que aseguró que “la composición” de ese órgano “no ha sido coordinada con Israel y es contraria a la política israelí”. Aunque la nota de Netanyahu no entraba en detalles, todo parece indicar que su objeción se dirige a la inclusión de un ministro de Turquía, a la que Israel quiere impedir el despliegue sobre el terreno en Gaza, y de representantes de Qatar y Egipto, dos países que han hecho expresado su rechazo hacia la ofensiva israelí en la Franja.
Su rechazo no es excepción en Israel. El ultraderechista ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha asegurado que Gaza no necesita “juntas ejecutivas” para supervisar la construcción, sino “un impulso masivo de migración voluntaria”, mientras que Bezalel Smotrich, titular de Finanzas, ha señalado al primer ministro por no haber “establecido un gobierno militar” en Gaza que trabajara para impulsar “el asentamiento” de israelíes.
Primera fase
La construcción de la estructura política avanza al margen del deterioro aún por resolver que padece el enclave palestino. La primera fase del alto el fuego, que entró en vigor el pasado 10 de octubre, registró avances como la liberación de los 48 rehenes vivos y muertos en manos de Hamás (menos uno, que la milicia alega no encontrar) y el fin de los bombardeos israelíes a gran escala.
Sin embargo, Israel ha incumplido de manera sistemática los términos de la tregua, con incidentes de fuego diarios, el cierre del paso con Egipto y restricciones sobre el flujo humanitario. El sábado, las autoridades gazatíes informaron de que un nuevo bebé murió por hipotermia, el octavo durante este invierno, mientras las agencias de la ONU denuncian tener materiales de invierno bloqueados a las puertas de Gaza.
Ahora, la aparición de una administración que gobierne Gaza sin la participación de las milicias armadas es uno de los pilares de la segunda fase del acuerdo, que debe convertir la tregua temporal en un alto el fuego permanente. Sin embargo, existen dudas de que pueda tener éxito. Israel se opone a retirar por completo sus soldados del enclave, Hamás se niega a desarmarse sin la aparición de un Estado palestino, y no está clara qué relación tiene con ninguno de esos dos objetivos el movimiento de miles de millones de dólares entre los posibles integrantes de la Junta de la Paz.