21 de enero de 2026 – 09:17
El fiscal que investiga un supuesto atentado con explosivo que se produjo esta semana en una estancia de la zona de Yasy Kañy, Canindeyú, especuló que el objetivo era asesinar a un testigo clave en una causa abierta contra el líder “sintierra” Rubén Villalba, actualmente en prisión preventiva por supuestos hechos relacionados con invasión de tierras.
La Policía Nacional y el Ministerio Público un presunto atentado que se registró esta semana en una estancia propiedad de la empresa Biogranos en la zona de Yasy Kañy, departamento de Canindeyú. Un artefacto explosivo habría sido detonado cerca de un vehículo utilizdo por un administrador de ese establecimiento.
En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, el fiscal Rodrigo Giandinotto, quien tiene a cargo la investigación del hecho por parte del Ministerio Público, presentó la hipótesis de que el supuesto atentado fue un intento de “quema de archivo”.
Según su teoría, el objetivo del ataque era asesinar al administrador de la estancia, Óscar Tamay, un “testigo clave” en una causa abierta contra el líder “sintierra” Rubén Villalba, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva a la espera de un juicio por supuestos hechos de coacción grave, violación de la Ley de Armas y otros delitos relacionados a la invasión de tierras.
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El fiscal explicó que Villalba está acusado, junto con otras 15 personas, por una “seguidilla de ataques” armados contra una estancia colindante a la de Biogranos, denominada “Sanabria Cue”, ocurridos a finales de 2023 e inicios de 2024. Tamay habría reconocido a Villalba como uno de los atacantes.
“Este atentado, en la hipótesis, era una quema de archivo”, subrayó. “El único testigo desaparecía y no había causa”.
Vinculado a la “Masacre de Curuguaty”
Rubén Villalba fue señalado en 2012 como sospechoso de haber instigado la “Masacre de Curuguaty”, un enfrentamiento armado entre “sintierras” y agentes policiales ocurrido en junio de ese año, que dejó seis policías y 11 campesinos fallecidos.
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En 2016, Villalba fue condenado a 35 años de cárcel por ese hecho, pero en 2018 la Corte Suprema de Justicia anuló ese fallo y Rubén Villalba y los demás sentenciados fueron liberados.