La diputada Johanna Ortega anunció que presentará una denuncia penal contra 14 concejales de Asunción por autorizar un crédito de USD 28 millones que, según afirma, fue utilizado de forma irregular para pagar salarios y cubrir deudas de la anterior administración.



Una decisión tomada a finales del año pasado en la Municipalidad de Asunción podría tener consecuencias judiciales. La diputada Johanna Ortega anunció que llevará ante el Ministerio Público una denuncia penal contra 14 concejales colorados, a quienes acusa de haber violado su deber de proteger los recursos públicos.

El motivo de la denuncia gira en torno a un préstamo de USD 28 millones, aprobado por mayoría colorada en diciembre de 2025 a pedido del actual intendente Luis Bello.

Según Ortega, los fondos no se utilizaron para inversiones o mejoras en infraestructura, sino para cubrir salarios, aguinaldos y deudas dejadas por la gestión anterior, encabezada por Óscar “Nenecho” Rodríguez, actualmente imputado por irregularidades durante su administración.

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“Quienes tenían que cuidar la plata y el patrimonio del Municipio de Asunción, no lo hicieron. Le fallaron a la gente que les votó”, expresó la legisladora del Partido País Solidario. “Estafaron a la ciudadanía y no pienso quedarme callada”, añadió.

Ortega sostiene que el uso del préstamo violó la Ley Orgánica Municipal, que en su artículo 196 prohíbe expresamente destinar créditos a gastos corrientes o pago de deudas. Asegura que el dinero fue desviado para cubrir los salarios de supuestos “planilleros”, personas que figuran en nómina sin realizar funciones reales.

Entre los concejales mencionados en la denuncia figuran dirigentes del movimiento cartista como Juan Carlos Ozorio, Marcelo Centurión, Nasser Esgaib, Mariano Cáceres, René Calonga, Karina Acuña, Javier Pintos, César ‘Ceres’ Escobar y Miguel Sosa. También aparecen los concejales disidentes Juan José Arnold, Jesús Lara, Daniel Ortiz, Carlos González y Arturo Almirón, actual presidente de la Junta Municipal.

Esquema fraudulento

La diputada fue más allá al calificar la operación como parte de “un esquema fraudulento”. Subrayó que el préstamo genera un interés diario de 66 millones de guaraníes, una carga que, advirtió, terminará pagando la ciudadanía a través de los impuestos.

Ortega reclamó que la Fiscalía actúe con celeridad, y reiteró que el caos administrativo heredado de la gestión de Rodríguez se mantiene bajo la actual administración de Bello. “No podemos naturalizar este tipo de manejos en la administración pública. Alguien tiene que asumir la responsabilidad”, concluyó.

Fuente: ABC Color


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