Una grave denuncia volvió a poner al sistema judicial en el centro de la polémica. Los abogados Julio Federico Godoy Ayala y Aldo Andrés Gabilán León, imputados en la causa N.° 16.451/2025 por supuesta producción de documentos no auténticos, presentaron un escrito ante el Juzgado Penal de Garantías en el que cuestionan duramente la base de la denuncia penal y denuncian presuntas presiones políticas y judiciales.
Según la defensa, el proceso penal tendría su origen en un conflicto de carácter civil, vinculado a disputas por la administración de empresas agropecuarias y explotaciones de soja, y no en la comisión de un hecho punible. En ese contexto, apuntaron a Christian Ricardo Aguayo Schmidt como denunciante, señalando que habría actuado invocando facultades de administrador judicial que ya se encontraban revocadas o suspendidas.
Los imputados sostienen que resoluciones judiciales determinantes fueron omitidas u ocultadas en la denuncia, y que incluso existía una medida cautelar vigente que suspendía los fallos en los que se basó la imputación. Afirman además que el propio Aguayo tenía pleno conocimiento de la pérdida de sus atribuciones, ya que había interpuesto recursos contra dichas resoluciones.
En su presentación, Godoy y Gabilán se pusieron a disposición de la Justicia, solicitaron el levantamiento del estado de rebeldía y la eximición de medidas cautelares, asegurando que su intervención se limitó a actos profesionales legales, realizados conforme a instrucciones de su cliente, y que no existe hecho punible alguno.
Uno de los puntos más graves del escrito es la denuncia de presuntas presiones y amenazas, según las cuales habrían sido advertidos de que serían enviados directamente a prisión preventiva por decisión política, utilizando esta medida como una forma de castigo anticipado.
De acuerdo con los imputados, este escenario generó un temor fundado que retrasó su comparecencia, y sostienen que solo decidieron presentarse cuando el expediente quede bajo la responsabilidad de una magistrada que, a su criterio, ofrece garantías de imparcialidad y corrección jurídica.
Finalmente, advirtieron que la causa estaría edificada sobre una denuncia falsa, sostenida en el ocultamiento deliberado de resoluciones judiciales clave, por lo que el caso ingresa ahora en una etapa crítica que podría redefinir su rumbo.
La investigación continúa y las denuncias planteadas deberán ser analizadas por las instancias correspondientes.