El matrimonio colorado de Lambaré debe aclarar la omisión de doce propiedades y 5 vehículos. Hoy vence el plazo de veinte días otorgado por la Contraloría General.
Hoy vence el plazo legal para que Orlando Arévalo y su esposa justifiquen sus bienes ocultos ante el Estado. El exdiputado y la concejala de Lambaré deben responder al análisis de correspondencia de la Contraloría. La institución detectó serias inconsistencias y omisiones en las declaraciones juradas del matrimonio del oficialismo. Por lo tanto, este jueves representa una fecha crítica para su situación patrimonial.
La Contraloría General de la República confirmó que hasta esta mañana no se presentaron los documentos requeridos. Ni Orlando Arévalo ni Carolina González arrimaron pruebas para aclarar el origen real de su fortuna. Además, el examen técnico sigue sin los respaldos necesarios para validar sus activos declarados. Esta falta de respuesta complica la defensa de ambos referentes políticos colorados.
El ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados solicitó una prórroga a principios de este mes. La concejala González también pidió veinte días para preparar su descargo oficial ante los auditores. Este período de gracia finaliza precisamente hoy, jueves 29 de enero, según los registros oficiales. Sin embargo, la ausencia de documentos sugiere una dificultad real para justificar sus bienes.
La Contraloría detectó múltiples irregularidades según el informe técnico realizado sobre el patrimonio declarado del matrimonio. Las inconsistencias incluyen propiedades, vehículos y deudas que no coinciden con sus ingresos reales percibidos. Por lo tanto, el ente de control enumeró puntos específicos que deben ser aclarados. Los hallazgos más relevantes del examen de correspondencia son:
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Orlando Arévalo omitió declarar doce propiedades que figuran a nombre de su cónyuge.
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Existen fuertes inconsistencias en los valores declarados de varios inmuebles situados en Lambaré.
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El exlegislador tampoco registró cinco vehículos que pertenecen a su patrimonio y al de su pareja.
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No se incluyó ganado ni existen registros oficiales sobre su supuesto negocio avícola millonario.
El político afirmó obtener ingresos millonarios por la cría de gallinas de gran escala. Sin embargo, no existen registros en las instituciones que avalen esta supuesta actividad agropecuaria. Por lo tanto, el origen de esos fondos permanece bajo sospecha de los órganos controladores.
Se halló una brecha de 115 millones entre sus ingresos y egresos al ingresar al Congreso. Asimismo, Arévalo omitió deudas de tarjetas de crédito a nombre de González en su reporte patrimonial. Además, el político declaró una deuda un año antes de contraerla legalmente.
La diferencia entre activos y pasivos alcanzó los 4.265 millones de guaraníes en la Cámara Baja. Esta cifra representa un salto patrimonial que no tiene un respaldo documental claro hasta el momento. Por ello, la Contraloría exige una explicación detallada sobre este crecimiento económico repentino.
Un caso llamativo involucra una propiedad de González valuada por ella en 316 millones de guaraníes. Sin embargo, la Municipalidad de Lambaré reveló que solo la construcción cuesta 551 millones de guaraníes. Existe una discrepancia significativa de más de 200 millones que no fue explicada.
Orlando Arévalo enfrenta ahora el reto de demostrar la legalidad de toda su fortuna acumulada. El cierre de este plazo administrativo marcará el inicio de nuevas acciones por parte del Estado.
Fuente: ABC Color