El Ministerio Público atribuye a Wiens decisiones que habrían generado daño patrimonial. En paralelo, solicita cerrar el proceso contra Gaona.



Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti imputaron al exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens por presunta lesión de confianza y daño a obras del fallido metrobús. La decisión se enmarca en el acta de imputación N° 01/26. En paralelo, solicitaron el sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, quien dirigió el MOPC entre 2013 y 2018.

Según el Ministerio Público, Wiens asumió en agosto de 2018 con la obligación de resguardar el patrimonio estatal. Además, debía garantizar la continuidad de las obras adjudicadas bajo el Contrato S.G. N° 100/2016 a la firma portuguesa Mota-Engil. La Fiscalía sostiene que sus decisiones posteriores afectaron el desarrollo del proyecto.

El documento fiscal identifica dos momentos considerados clave. El primero ocurrió el 23 de octubre de 2018. Ese día, Wiens habría firmado un “Acta de Entendimiento” para suspender trabajos en los tramos 2 y 3. Para los investigadores, la medida paralizó la obra e incorporó tareas ajenas al contrato original.

Demolición y presunto perjuicio patrimonial

El segundo hecho señalado ocurrió el 1 de abril de 2020. Según la imputación, el entonces ministro ordenó la destrucción parcial de estaciones sobre la avenida Mariscal Estigarribia. La demolición concluyó en mayo de ese año. Con ello se eliminó infraestructura ya ejecutada y pagada por el Estado.

La Fiscalía sostiene que antes de esas decisiones el proyecto registraba un avance físico cercano al 40%. Se habían construido seis estaciones, numeradas del 19 al 24. Por esas estructuras el Estado desembolsó G. 6.924.624.006. Además, se menciona una presunta contradicción en declaraciones públicas de Wiens sobre la situación contractual.

Pedido de sobreseimiento para Jiménez Gaona

En la misma causa, los fiscales pidieron reabrir el proceso y otorgar el sobreseimiento definitivo a Ramón Jiménez Gaona. El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos. Se argumenta que no existen elementos suficientes para sostener la acusación por lesión de confianza.

El Ministerio Público cita la “no objeción” del Banco Interamericano de Desarrollo al proceso licitatorio. También menciona el laudo arbitral internacional entre Mota-Engil y el Estado paraguayo. Según el análisis fiscal, durante la gestión de Jiménez Gaona el contrato seguía vigente y no se configuró un daño patrimonial consumado bajo su administración.

Fuente: ABC Color


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