La rigurosa negociación del Gobierno de Delcy Rodríguez con Estados Unidos y la orden ejecutiva del 29 de enero de Donald Trump han producido un golpe de realidad en Cuba. El cerco energético, al que se han sumado México y Rusia, hace visibles, en toda su gravedad, ciertos ángulos de la siempre mistificada trama cubana, como la profunda dependencia e improductividad del modelo socialista y el (por lo visto) renovado interés de Washington en la isla.
Cuba circula en el mundo, ante todo, como un símbolo de resistencia a la hegemonía de Estados Unidos. Pero ese símbolo es sostenido por políticas concretas que, sean o no del agrado de quienes se identifican con el mito revolucionario en cualquier lugar del mundo, afectan de manera directa a la ciudadanía de la isla. El sitio petrolero y la parálisis del país, promovidos por Estados Unidos, no disminuyen, sino que potencian los efectos perniciosos de esas políticas.
La apuesta por el combustible subsidiado, la incapacidad de pagos, la caída del PIB, el presupuesto hiperconcentrado en el turismo o la dependencia de las remesas de la diáspora se convirtieron en elementos estructurales de la economía cubana, cuya crisis en 2025 se volvió irreversible. El cese del suministro petrolero venezolano estuvo antecedido por una disminución que auguraba el colapso y que previó la mayoría de los economistas, sociólogos y demógrafos de la isla y la diáspora.
Las medidas tomadas por el Gobierno cubano en la última semana ―reducción al mínimo del transporte público, cierre de universidades, suspensión de eventos culturales y deportivos, cancelación de líneas aéreas, reubicación de turistas en hoteles…― recuerdan la Opción Cero, fase extrema del llamado Periodo Especial en Tiempos de Paz de los años noventa, que ya estaba diseñada por la dirigencia del país desde antes de la orden de Trump.
El colapso de Cuba es, por tanto, un colapso anunciado. Y a pesar de ello, ninguna evidencia histórica convencerá de lo contrario a quienes piensan Cuba como una víctima inerme de Estados Unidos. Esa victimización es resultado de una negación de la historia, que insiste en las falacias de que la Revolución cubana ha sido siempre la misma, desde el 1 de enero de 1959 hasta hoy, y que su némesis, el bloqueo estadounidense, ha sido el siempre el mismo desde el 3 de febrero de 1962 hasta el actual sitio energético.
El revés de esa trama victimista, a la que apela el Gobierno cubano para demandar una solidaridad paternalista, en la que quienes toman las principales decisiones no se hacen cargo de sus errores, incluye las respuestas de La Habana desde el pasado 29 de enero. El Gobierno de Díaz-Canel, por ejemplo, no solo no ha accedido a decretar una amnistía de presos políticos, como la implementada en Venezuela, sino que ha aumentado la represión por medio del arresto extrajudicial de jóvenes activistas que denuncian la falta de libertades en la isla.
También se ha redoblado el acoso policiaco y judicial contra intelectuales y académicos, como Alina Bárbara López Hernández, que no aprueban la presión de Estados Unidos contra la isla, pero tampoco desconocen la responsabilidad del Gobierno cubano en el colapso. Como en 2003, cuando la represión de la Primavera Negra de ese año, que coincidió con la invasión a Irak del Gobierno de George W. Bush, quienes demandan reformas en Cuba son acusados de “cómplices del genocidio”.
Como tantas veces en el pasado reciente, la demanda de reformas es descalificada como una claudicación cuando la patria está bajo amenaza. Frente a la hostilidad de Estados Unidos, solo es válida la lealtad unánime a los líderes del país, que rehúyen toda responsabilidad ante la crisis por medio de una campaña de solidaridad donde la noción de crisis humanitaria se ve distorsionada por la propaganda a favor del sistema cubano.
Esa distorsión es perceptible en países como México y Chile, donde los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Gabriel Boric están impulsando ayudas a la isla, aunque por medio de esquemas distintos. En México la ayuda se organiza a través de acuerdos bilaterales con el Gobierno cubano y en Chile a través de Unicef. La cancillería mexicana ha insistido en que esa ayuda es equivalente a la que México ofrece a distintas comunidades en caso de terremotos, huracanes o desastres naturales, pero tanto el Gobierno cubano como las bases de Morena y la propia presidenta le confieren un sentido claramente político, de respaldo a la “resistencia del pueblo cubano contra el imperio”.
En todo caso, el hecho de que la relación de la comunidad internacional de izquierda con Cuba, si bien no de la mayoría de los gobiernos de esa orientación política en el mundo, tenga que partir del reconocimiento de que la isla experimenta una crisis humanitaria, supone un cambio no menor en los vínculos internacionales de La Habana. Durante siete décadas, esos vínculos estuvieron regidos por la promoción de un modelo alternativo de desarrollo económico y social para América Latina y el Caribe. Ahora Cuba es presentada por su propio Gobierno como un país colapsado.
Pero incluso en la administración de ese colapso, el Gobierno cubano juega con algunas ventajas. En realidad, el cerco energético de Estados Unidos no afecta la producción cubana de combustible, que alcanza para satisfacer hasta un 40% del consumo energético de la isla. La nueva Opción Cero estaría contemplándose como una estrategia de subsistencia, que podría durar varios meses, en lo que México y Rusia encuentran formas de abastecimiento intermitente de combustible, que permitan mantener a flote una mitad de los servicios en la isla.
Mientras ese funcionamiento a media máquina no sea rebasado por un estallido social, el Gobierno cubano puede jugar la carta de la resistencia. Frente a todos los vaticinios alarmistas, que pronostican una caída del régimen en semanas, puede exhibir la capacidad de sobrevivencia como un don del sistema, que se explicaría por su respaldo popular. Se trataría, desde luego, de una ficción, pero de una ficción sumamente rentable en una coyuntura en que la agresividad del Gobierno de Trump inclinaría a la comunidad internacional a favor de La Habana.
Muy probablemente, esa administración del colapso esté incorporando un cálculo temporal ligado a la expectativa de un giro en las elecciones de noviembre en Estados Unidos. Si es así, veremos al Gobierno cubano involucrándose como nunca antes en el proceso electoral estadounidense y, tal vez, derivando hacia una alianza más orgánica con el Partido Demócrata. De producirse, esa alianza se pondrá a prueba una vez más, en cuanto dicho partido vuelva a plantear demandas de democratización en la isla.
Las próximas semanas serán decisivas para el futuro de Cuba, en un sentido u otro. Suceda lo que suceda, este callejón sin salida al que se ha llegado estará profundamente endeudado con la adopción de un modelo de desarrollo improductivo y dependiente, cuyas raíces se hunden en el propio sistema cubano construido por la Revolución de 1959. Allí están sus raíces, pero la forma última de ese sistema, que aseguró su máxima vulnerabilidad el 3 de enero de este año, fue la que adoptó tras la alianza con Venezuela en la promoción del llamado “socialismo del siglo XXI”.