18 de febrero de 2026 – 11:51
Amnistía Internacional Paraguay presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley N° 7.363 ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Sostiene que vulnera la libertad de asociación, la privacidad y pone en riesgo a víctimas y defensores de derechos humanos. La polémica normativa fue promovida por el cartismo y reglamentada en octubre del año pasado por el presidente Santiago Peña.
La organización sostiene que la normativa impone obligaciones de registro, control estatal y sanciones a organizaciones sin fines de lucro que inciden en políticas públicas, lo que -según argumenta- restringe derechos fundamentales sin un objetivo legítimo y de forma desproporcionada.
La acción presentada apunta a varios ejes centrales: como la Restricción a la libertad de asociación y participación pública, la vulneración del derecho a la intimidad, al exigir la publicación de datos personales en registros accesibles al público, las sanciones consideradas arbitrarias para organizaciones que trabajen en incidencia pública, así como la posible afectación al principio de supremacía constitucional.
Según el comunicado difundido, la organización remarca que la medida no busca evadir controles, sino impedir que se vulneren garantías esenciales del Estado de Derecho.
Riesgo para víctimas y defensores de derechos humanos
Uno de los puntos más sensibles es la obligación de publicar datos personales de personas vinculadas a organizaciones sociales. De acuerdo con Amnistía, esta disposición podría exponer a víctimas de violaciones de derechos humanos y personas defensoras a hostigamientos, represalias o incluso violencia.
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“Obligar a publicar datos personales de víctimas y activistas no solo es inconstitucional, sino que pone vidas en riesgo”, sostiene la organización.
La entidad enfatiza que la transparencia es un valor que respalda, pero advierte que no puede transformarse en un mecanismo de exposición que comprometa la seguridad de las personas.
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Amnistía Internacional Paraguay argumenta que ya cumple con controles fiscales, laborales y de prevención de lavado de dinero exigidos por la legislación vigente. Por ello, considera que la Ley 7.363 resulta innecesaria y desproporcionada.
Además, recuerda que Paraguay ha ratificado tratados internacionales que garantizan la libertad de asociación y la protección de la privacidad, compromisos que obligan al Estado a proteger el trabajo de quienes defienden derechos humanos.
La organización también advierte que en otros países de la región normativas similares han sido utilizadas para cerrar organizaciones críticas y limitar la participación pública. En ese sentido, sostiene que Paraguay no debería avanzar hacia un modelo que reduzca el espacio cívico.
El pedido a la Corte Suprema
La acción presentada el 13 de febrero pasado solicita a la Corte Suprema de Justicia:
- Declarar la inconstitucionalidad de la Ley N° 7.363.
- Suspender sus efectos mientras se analiza el fondo del caso.
El objetivo, según la presentación, es evitar daños irreparables a la sociedad civil y garantizar que el país continúe alineado con estándares internacionales de derechos humanos.