20 de febrero de 2026 – 12:08
La muerte de Tobías Suárez, el niño arrastrado por un raudal en San Lorenzo, reabre el debate sobre el trabajo infantil y la mendicidad en Paraguay. La abogada María Teresa Garcete, exdefensora de la Niñez y la Adolescencia, señaló la necesidad de fortalecer las instituciones y programas estatales para proteger a la infancia vulnerable.
El caso de Tobías Suárez generó conmoción en los ciudadanos en general, muchos de los cuales responsabilizaron tanto a las autoridades como al padre del niño. En un momento, se mencionó que el menor habría sido arrastrado por un raudal mientras trabajaba vendiendo empanadas, ya que era la actividad que realizaba de forma habitual.
María Inés Olmedo, directora de la Codeni, indicó que en 2025 ya habían detectado a Tobías trabajando de noche en la calle. Tras dialogar con sus padres, estos habrían dicho que no veían problema en que el niño trabajara en la vía pública, aunque recibieron advertencias sobre la posible explotación infantil.
Garcete resaltó que dos de los mayores problemas sociales que afectan a la infancia en Paraguay están vinculados con la pobreza: el trabajo infantil y la mendicidad.
Precisó que la mendicidad suele presentarse en niños pequeños de hasta 6 años, generalmente acompañados por sus padres o tutores. En cambio, el trabajo infantil se refiere a actividades que los menores realizan para ayudar al sustento familiar.
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Cómo debe actuar el Estado
Mencionó que el sistema legislativo paraguayo contempla un enfoque de protección integral de la niñez. Afirmó que, ante la vulneración de derechos, la primera intervención no es judicial sino administrativa.
En este marco, indicó que el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MNNA), el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codenis) y los Consejos Departamentales y Municipales son responsables de intervenir de manera preventiva, orientar a las familias y derivar a la justicia solo cuando corresponde.
Añadió que las Codenis cuentan con un protocolo de actuación: advertir a los responsables del niño, orientar al menor y a su familia, ofrecer acompañamiento temporal y, en casos de emergencia, brindar provisión material para garantizar su sostenimiento.
La abogada resaltó que las Codenis no pueden limitar su intervención a sola una de las acciones mencionadas, sino agotarlas y, en caso de proseguir la vulneración, recurrir a instancias judiciales.
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Programas de apoyo y prevención
Garcete enfatizó la importancia de que las instituciones estatales trabajen de manera articulada para evitar que los niños vuelvan a la mendicidad o al trabajo infantil.
Esto, según refirió, incluye programas de subsidios o financiamiento para que las familias puedan generar ingresos mediante actividades legales y sostenibles.
Comentó que, en algunos casos, los padres de niños vulnerados han recibido capacitación para producir y vender productos -como de limpieza-, lo que permite mejorar la economía familiar y proteger a los menores.
La abogada subrayó que en ningún caso se debe considerar la separación del niño de su familia como la solución principal a estas problemáticas.
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Falta de abordaje eficiente
En su reflexión final, Garcete afirmó que existe una falta de abordaje eficiente por parte del Estado, lo cual se evidencia en las calles.
“Se necesita más presencia de las Codenis y del Estado central a través de programas, así como el fortalecimiento de las Codenis y la inversión presupuestaria tanto el municipal como en el Gobierno central”, subrayó.