04 de marzo de 2026 – 17:48
Pese a estar acusado por presunta corrupción en el caso de los “Detergentes de Oro” como exintendente de Asunción, el IPS mantiene a César Ojeda como coordinador de Hospitales de Interior. Ignorando su propio estatuto, que ordena la suspensión en el cargo sin sueldo por estar procesado, la previsional no solo lo sostiene en el puesto, sino que aumentó su plus salarial, elevando sus ingresos a más de 15 millones de guaraníes mensuales.
Pese a que el estatuto interno del Instituto de Previsión Social (IPS) ordena la suspensión sin goce de sueldo para funcionarios imputados, el Consejo de Administración, liderado por el doctor Jorge Brítez, mantiene a César Daniel Ojeda Figueredo como coordinador de la Dirección de Hospitales del Área Interior.
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Ojeda, exintendente interino de Asunción por el Partido Colorado en 2021, acusado por lesión de confianza y asociación criminal en el caso de los detergentes de oro junto con Óscar “Nenecho” Rodríguez y otras personas, lejos de ser apartado del puesto, recibió en IPS un aumento en su plus, pasando a cobrar G. 4.400.000 en 2024, un millón más de lo que percibía en 2023 por “responsabilidad en el cargo”. Actualmente, cobra mensualmente un total de G. 15.642.750.
Es decir, mientras el Ministerio Público lo acusa y pide juicio oral por presuntos manejos irregulares de fondos públicos en la comuna capitalina, el IPS decidió que la “responsabilidad” de Ojeda valía un millón de guaraníes más.
Ojeda Figueredo, salpicado por el escándalo de sobrefacturaciones, fue imputado el 2 de septiembre de 2024 por los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta y Marlene González en la causa conocida como “Detergentes de Oro”, un esquema de lesión de confianza y asociación criminal que también salpica al exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, colorado cartista. En setiembre de 2025, el Ministerio Público acusó a ambos exintendentes y pidió la elevación de la causa a juicio oral y público.
El vacío legal como escudo
El Artículo 40 del Decreto N° 8841/2018, que rige el Estatuto del Funcionario del IPS, dice: “Cuando un funcionario fuera imputado de hechos tipificados como punibles será suspendido en el cargo por el tiempo que dure el proceso, sin goce de sueldo”.
Al ser consultado por ABC, Ojeda confirmó que está en el cargo hace unos dos años, pero evitó dar explicaciones técnicas sobre su puesto, las normativas del IPS y su imputación, alegando que su abogado se comunicaría para dar una respuesta oficial.
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Desde el IPS alegaron extraoficialmente que dicho decreto ya no está vigente y que actualmente se rigen por la Ley de la Función Pública. Según la Ley 7445/2025 de la Función Pública y Servicio Civil, cuando un funcionario público es imputado y el juez dicta una medida de prisión preventiva o una medida sustitutiva que le impida asistir al trabajo, el funcionario queda suspendido en el cargo sin goce de sueldo mientras dure la medida.
Sin embargo, si no hay una medida judicial que restrinja su libertad de movimiento, la ley permite que siga trabajando, a menos que se inicie un sumario administrativo.
En resumen, la nueva ley refuerza la discrecionalidad de la autoridad para remover o apartar al funcionario si su situación judicial afecta la “confianza institucional” o la “imagen del servicio civil”.
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Desde el IPS solicitaron “tiempo para revisar el tema”, argumentando una acefalía momentánea tras la reciente renuncia del responsable de la Dirección Jurídica, José González.
Un cargo de coordinación no es una tarea menor. Implica la supervisión de equipos, gestión de recursos y toma de decisiones estratégicas en los hospitales del interior del país, por lo que la permanencia de un acusado por lesión de confianza y asociación criminal, en un cargo de confianza, podría generar un “riesgo institucional” y afecta la imagen de la previsional. Expertos sugieren que, por prudencia administrativa, Ojeda debería ser apartado hasta que su situación judicial se resuelva.