El Gobierno busca frenar el “turismo sanitario” y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y educación pública.
El Gobierno argentino anunció este miércoles una serie de reformas destinadas a endurecer su política migratoria, con medidas que incluyen la expulsión de extranjeros condenados por delitos, el cobro por la atención médica a personas con residencia irregular o temporal, y la posibilidad de que universidades públicas apliquen aranceles diferenciados a estudiantes no residentes permanentes.
Durante su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni justificó los cambios al señalar que la legislación vigente “invita al caos” y permite “abusos” por parte de personas que, según afirmó, “no vienen a construir un futuro, sino a aprovecharse de los servicios públicos gratuitos”.
“Hoy entra casi cualquiera, incluso personas condenadas a penas menores de tres años. Las condiciones de deportación son demasiado flexibles”, sostuvo Adorni. “De ahora en adelante, cualquier condenado será rechazado en las fronteras y, si ya está en el país, será deportado. El que las hace, la paga”, remarcó.
Restricciones al acceso gratuito al sistema de salud
Uno de los principales ejes de las reformas es el cobro de los servicios de salud pública a extranjeros con residencia temporal o irregular, así como la exigencia de un seguro médico privado para ingresar al país en esa condición.
Según datos citados por el vocero, en 2023 ocho hospitales públicos destinaron más de 114.000 millones de pesos (unos 90 millones de euros) a la atención de personas extranjeras. “Muchos vienen, se atienden y se van. No es justo que el esfuerzo de los contribuyentes argentinos financie esos ‘tours sanitarios’”, expresó.
La medida apunta a preservar la sostenibilidad del sistema de salud sin restringir el acceso a quienes se encuentren en situación regular y contribuyan al país, según aclaró el comunicado oficial.
Cambios en el acceso a la ciudadanía y la educación pública
Las reformas también establecen nuevas condiciones para acceder a la ciudadanía argentina, que solo podrá otorgarse tras dos años de residencia continua o a quienes realicen una “inversión significativa” en el país. Asimismo, la residencia solo será concedida a quienes puedan acreditar medios de vida suficientes y carecer de antecedentes penales.
En el ámbito educativo, se habilita a las universidades públicas a establecer aranceles especiales para estudiantes extranjeros no permanentes, en línea con el principio de reciprocidad que rige en otros países de la región.

Un cambio de rumbo en la política migratoria
Desde el inicio de su gestión, el Gobierno del presidente Javier Milei ha manifestado su intención de revisar las políticas migratorias del país, con el objetivo de fortalecer los controles fronterizos y priorizar el acceso a los servicios públicos para los ciudadanos y residentes permanentes.
“Queremos seguir recibiendo a quienes vienen a construir un país más libre y próspero, pero no a quienes violan las leyes o abusan de la hospitalidad argentina”, concluyó Adorni.
Las nuevas disposiciones serán reglamentadas en las próximas semanas y se prevé que generen debate tanto en el ámbito político como en organismos de derechos humanos y sectores vinculados a la salud y la educación.