Según confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, este mediodía ingresaron oficialmente a la Cámara de Diputados los pedidos de intervención a la municipalidad de Ciudad del Este, a cargo del opositor Miguel Prieto (YoCreo) y el de Asunción, encabezado por el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez. Con ello, empiezan a correr los plazos para que defina la Cámara Baja. La oposición denuncia que todo es una jugada del cartismo, para anular políticamente al intendente esteño.
Hoy al mediodía, el presidente en ejercicio Pedro Alliana remitió a la Cámara de Diputados el pedido de intervención a la gestión del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (YoCreo, opositor) y del jefe comunal capitalino, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), en una medida inédita, ya que el pedido de intervención fue hecho por el contralor Camilo Benítez, cuando el procedimiento habitual suele ser a pedido de las Juntas Municipales respectivas.
Lea más: Diputados plantean citar al Contralor por intervenciones
Esta repentina iniciativa de Contralor generó sospechas de opositores de que se trata de una jugada política del cartismo para anular políticamente a Prieto, una de las principales figuras opositoras, y tratar así de recuperar Ciudad del Este y Alto Paraná -otrora feudo del Clan Zacarías Irún- para el Partido Colorado.
El ingreso oficial a la Cámara de Diputados es relevante puesto que marca el inicio de los plazos establecidos en el artículo 165 de la Constitución y la Ley 317/93 que reglamenta el proceso de intervención.
Llama la atención que el Ejecutivo haya apurado la remisión, ya que lo hizo antes de los 6 días hábiles (plazos máximos) que establece la citada ley. Por lo general, suele ser al revés, pese a la vigencia del plazo máximo, suelen cajonear los pedidos por más días.
A partir de ahora, se deberá incluir en el orden del día de una próxima sesión de Diputados la integración de las respectivas comisiones especiales para cada caso (Asunción y Ciudad del Este) que deberán “expedirse dentro del plazo de quince días hábiles”.
Las mismas deberán emitir un dictamen -que no es vinculante- a favor o en contra de la intervención, aunque es el pleno, el que por mayoría simple (la mitad más uno de los presentes), deberá aceptar o rechazar la intervención.
En caso de prosperar el pedido, que será analizado en cada caso y no como un “paquete”, la ley señala que el Ejecutivo “designará al Interventor dentro del plazo de quince días”, y este, por 90 días intervendrá el municipio y el intendente respectivo quedará apartado momentáneamente.
Tras dicho plazo, el interventor, en un plazo máximo de 60 días, deberá emitir un informe final sobre las supuestas irregularidades detectadas a la Cámara de Diputados, que por mayoría absoluta (41 en caso de Diputados), deberá disponer la destitución o la reposición del intendente en cuestión.
