El senador Rafael Filizzola (PDP), presidente de la comisión antimafia de los pagarés, responsabilizó a los ministros de la Corte Suprema de Justicia por permitir embargos ilegales cuando la ley establece que sólo el 25% del salario de un trabajador puede ser sujeto a embargo. Se estima que el 79% de las personas afectadas por el esquema de estafa son funcionarios públicos.
Un día después de la reunión de la comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio para la investigación de los hechos relacionados con la trama delictiva denominada “mafia de los pagarés” con los ministros de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez Rolón y Alberto Martínez Simón, el senador Rafael Filizzola (PDP), presidente de la comisión “antimafia”, apuntó directamente a los ministros por permitir los embargos ilegales.
La ley establece que solo hasta el 25% del salario de un trabajador puede ser objeto de embargo. Sin embargo, el senador Filizzola, presidente de la Comisión Especial que investiga la trama criminal conocida como la mafia de los pagarés, advirtió que varios ministros también son responsables por permitir descuentos por encima de lo permitido.
“En reunión con ministros de la Corte coincidimos en que las autoridades de cada institución son responsables de hacer cumplir las leyes que protegen a los trabajadores”, señaló el legislador.
Según datos expuestos por la Comisión, en base al primer análisis preliminar de la información recaída del Registro Oficial de Víctimas, el 79% de las personas afectadas por la mafia son funcionarios públicos y un 6% son jubilados, en su mayoría docentes, enfermeras y personas en situación de retiro.
“Los ministros de Salud y de Educación no deben permitir que una docente, una enfermera o cualquier otro funcionario sufra embargos superiores al 25% de su salario, salvo en casos de asistencia alimentaria. Lo mismo corresponde al ministro de Economía y Finanzas respecto a las personas jubiladas, también gravemente afectadas por la mafia de los pagarés”. Esto está ocurriendo y están violando la ley» , remarcó el senador Filizzola.
La senadora Esperanza Martínez (FG) comentó en la reunión el caso de una víctima de la mafia de los pagarés que hace ocho años no ve su salario porque se le descuenta el 100%. El ministro de la Corte, Alberto Martínez Simón, se mostró sorprendido y dijo que no se puede exceder el límite legal del embargo del 25% del salario de un trabajador.
El camarista Giuseppe Fosatti, quien también participó de la reunión, dijo que la autoridad administrativa de una institución es quién ejecuta el embargo. Afirmó que el pagador del sueldo es quien debería informar al juez que ya existe un embargo previo, en caso de que existan mas pedidos de embargos del salario. En ese sentido, el ministro reiteró que un embargo entra por orden del prioridad y que no se puede embargar el 100% del salario.