El pedido contra el intendente de Ñemby estaba archivado desde octubre tras denuncias por desvío de fondos y apropiación de recursos municipales



La Cámara de Diputados incluyó como segundo punto del orden del día de la sesión ordinaria del martes 3 de junio la integración de la Comisión Especial para analizar el pedido de intervención contra el intendente de Ñemby, Tomás Olmedo. La solicitud había permanecido archivada desde el 4 de octubre del año pasado cuando ingresó a la Cámara Baja.

El diputado cartista Esteban Samaniego solicitó reflotar el tema, lo que indica un cambio de posición del cartismo respecto al intendente colorado. La decisión coincide con una nueva denuncia penal por presunta lesión de confianza y apropiación presentada el lunes por la Contraloría Ciudadana de Ñemby contra la gestión municipal.

La denuncia ciudadana, respaldada por el concejal Marcelo Martínez, señala que Olmedo habría desviado fondos municipales destinados originalmente a construcción de empedrados. Los recursos habrían terminado en manos de Luis Villalba, modelo e influencer allegado al intendente, según las acusaciones presentadas ante la Fiscalía.

Esta nueva acusación habría proporcionado el impulso mediático necesario, aunque el pedido de intervención se relaciona con una causa penal previa contra Olmedo identificada con el número 690/2024. El proceso incluye presuntos delitos de lesión de confianza, estafa y falsificación de documentos públicos por desvío de fondos comunales.

La causa penal se abrió tras denuncias sobre un esquema de desvío de recursos municipales a través de comisiones vecinales. Las acusaciones resultan similares a las que motivaron el primer pedido de intervención tratado en septiembre de 2023, cuando la mayoría cartista salvó a Olmedo mediante un pacto parlamentario.

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En aquella oportunidad, la alianza cartista-liberal protegió simultáneamente a tres intendentes cuestionados: Olmedo en Ñemby, Mirtha Fernández en Valenzuela y Hilario Adorno en Puerto Casado. Los tres funcionarios mantienen procesos penales activos por irregularidades en sus respectivas gestiones municipales.

Olmedo, originalmente de Fuerza Republicana, se incorporó al cartismo tras ser salvado de la intervención. El actual pedido surge desde Honor Colorado y tramita paralelamente a las solicitudes contra Miguel Prieto en Ciudad del Este y Óscar Rodríguez en Asunción, ambas impulsadas por la Contraloría General de la República.

El archivo de casi ocho meses del pedido contra Olmedo contrasta notablemente con la celeridad aplicada en los casos de Ciudad del Este y Asunción, procesados en cuestión de días. Esta diferencia temporal evidencia el tratamiento desigual aplicado por la Cámara de Diputados según el perfil político de los intendentes investigados por presunta corrupción municipal.

Fuente: ABC Color


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