Rubén Rubin plantea penas más duras: cadena perpetua, juzgar a menores como adultos y apoyo militar en escuelas para frenar la violencia.



El diputado opositor Rubén Rubin anunció que presentará un proyecto de ley que incluye penas más severas contra delitos violentos, como la cadena perpetua para homicidios y la posibilidad de juzgar a adolescentes desde los 14 años como si fueran adultos. La propuesta surge como respuesta a la creciente ola de crímenes que afecta al país y forma parte de lo que denominó su “Plan de emergencia de seguridad nacional”.

El legislador explicó que el plan contempla cuatro ejes principales: modificar la legislación penal para que los menores de edad puedan recibir las mismas sanciones que los adultos; implementar programas obligatorios de rehabilitación para personas con adicciones; establecer la cadena perpetua para homicidas; y contar con apoyo militar en tareas de seguridad interna, especialmente en escuelas.

Rubin sostuvo que el Código de la Niñez debe ser modificado para permitir que los adolescentes imputados por homicidios sean procesados bajo el régimen penal de adultos. “Los menores asesinos deben ser juzgados como adultos”, afirmó, argumentando que la justicia debe ser firme ante crímenes graves.

En cuanto a la lucha contra las adicciones, propuso sacar a los adictos de las calles y someterlos a un proceso obligatorio de rehabilitación, comenzando por Asunción y el Departamento Central. Según dijo, esta medida busca “salvar las almas de los jóvenes paraguayos contaminados por el chespi”.

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En tercer lugar, aboga por introducir la cadena perpetua en la legislación paraguaya para los casos de homicidio, señalando que “quien termine con la vida de un paraguayo debe perder su libertad de por vida”. Aseguró que la Constitución no impide este tipo de penas y criticó a quienes, según él, “defienden a delincuentes escudándose detrás de la ley”.

El cuarto punto de su plan es el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna. En concreto, propone que los militares custodien escuelas y plazas cercanas a centros educativos, como una forma de proteger a la niñez y reforzar la presencia estatal.

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Hasta el momento, la propuesta no cuenta con respaldo dentro del Congreso y enfrenta diversos obstáculos jurídicos. Expertos en derecho constitucional y legisladores advierten que varias de las medidas propuestas pueden entrar en conflicto con la Constitución Nacional y tratados internacionales firmados por Paraguay.

Rubin reconoció que será difícil lograr consenso, pero aseguró que insistirá con el proyecto. Mientras tanto, el debate sobre cómo enfrentar la inseguridad y el rol del Estado sigue abierto en el Congreso Nacional.

Fuente: ÚH


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