Esperanza Martínez critica la propuesta de endurecer penas a menores por feminicidio, señalando que no resuelve el problema de fondo.
La senadora opositora Esperanza Martínez del Frente Guasu calificó como sumamente “simplista” la propuesta del cartismo de elevar las penas a menores en casos de feminicidio y violencia contra la mujer. La legisladora sostuvo que esta iniciativa solo busca eludir la responsabilidad de un gobierno que pretende eliminar ministerios clave y que ataca derechos fundamentales como la educación sexual integral. En contraposición, Martínez planteó la necesidad de aplicar medidas que han demostrado efectividad en otros países para abordar la problemática de la violencia de género.
El debate sobre el endurecimiento de penas surgió tras el asesinato de la joven Fernanda Benítez, caso que volvió a poner en evidencia las alarmantes cifras de violencia contra las mujeres en Paraguay. La exministra de Salud señaló desde sus redes sociales que estos números constituyen el resultado del fracaso de las políticas públicas implementadas, por lo que exigió que desde los poderes del Estado se aborde el problema con la responsabilidad que amerita esta grave situación social.
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Martínez subrayó la necesidad de revisar y aplicar estrategias que hayan demostrado efectividad en otros países para reducir la violencia de género. Enfatizó que el endurecimiento de penas no debe ser el único enfoque, sino que debe formar parte de un plan integral que incluya prevención, protección, educación y fortalecimiento institucional.
La senadora insistió en que es urgente exigir resultados concretos a las autoridades, más allá de discursos que, según expresó, buscan capitalizar el dolor y la indignación legítima de la sociedad ante hechos de feminicidio.
En sus declaraciones, la legisladora recordó que el Congreso tiene la responsabilidad de diseñar políticas públicas que garanticen la protección de las mujeres y de la niñez, priorizando el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. Insistió en que los casos de violencia deben abordarse desde un enfoque integral y no a través de medidas punitivas aisladas.
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Asimismo, consideró que la violencia de género en Paraguay es reflejo de un fracaso estatal, que no puede resolverse únicamente con la modificación de leyes penales, sino que requiere de cambios estructurales en las instituciones y en la cultura social.
Finalmente, Esperanza Martínez llamó a la ciudadanía y a los actores políticos a exigir coherencia y compromiso real por parte de quienes impulsan proyectos de ley que, a su juicio, no van acompañados de acciones reales de prevención ni de fortalecimiento de los organismos responsables de la protección de las mujeres.
Fuente: ABC Color