La Contraloría solicitó documentos y datos sobre el contrato por USD 61 millones entre Petropar y una firma catarí que aún no entregó combustible.



La Contraloría General de la República volvió a solicitar informes a Petropar sobre la cuestionada adjudicación por USD 61 millones a la empresa Doha Holding Group LLC, ligada al hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. El pedido fue remitido por el subcontralor Augusto Paiva al titular de la petrolera estatal, Eddie Jara.

Esta es la segunda vez que el órgano contralor exige documentación sobre el caso. El primer pedido, realizado en enero y respondido por Petropar, se centraba en el proceso de contratación. Ahora, la atención se enfoca en detalles más concretos como el volumen de gasoil comprometido, el estado actual de la entrega y el cumplimiento de los plazos establecidos.

Entre los puntos clave, la Contraloría solicita a Petropar informar cuántas toneladas métricas de gasoil fueron adjudicadas y cuántas han sido efectivamente recibidas. También requiere saber si se efectuaron pagos anticipados, si se han iniciado procesos para ejecutar la garantía del contrato y qué mecanismos de control se aplicaron sobre la calidad y la trazabilidad del combustible.

El informe también debe incluir las gestiones realizadas por Petropar ante el eventual incumplimiento, las respuestas ofrecidas por la firma y si existe alguna acción judicial prevista. La nota oficial recuerda que la empresa adjudicada aún no ha entregado ni un solo litro del combustible contratado.

Contralor minimiza maniobras de Petropar con firma catarí

Doha Holding fue beneficiada mediante una figura legal de “compra urgente de carácter especial”, lo que levantó sospechas sobre un posible direccionamiento. La adjudicación, por un monto que ronda los 61 millones de dólares, fue otorgada pese a que la empresa no tiene antecedentes de provisión a gran escala en el país.

El vínculo entre la firma y Domínguez Pérez, hijo del titular de la Conmebol, también generó controversia. Aunque no se ha confirmado una relación directa entre la federación deportiva y la operación, el nexo familiar despertó cuestionamientos sobre transparencia.

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La Contraloría otorgó a Petropar un plazo de cinco días hábiles para entregar todos los documentos requeridos. En el cierre del pedido, se exige además detallar qué medidas se han adoptado para evitar un eventual desabastecimiento, ante el retraso en el cumplimiento contractual.

Mientras tanto, persisten las dudas sobre por qué se eligió a una empresa sin experiencia local y si se activarán mecanismos legales para resguardar los fondos públicos comprometidos.

Fuente: ABC Color


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