El cartista criticó las normas que evitan que sus parientes y amigos consigan cargos públicos. Pide que se borren todas esas restricciones.
Yamil Esgaib volvió a colocarse en el centro de la polémica durante la sesión de la Cámara de Diputados. Esta vez, para defender abiertamente el derecho de sus familiares y amigos a beneficiarse del Estado, criticando las leyes que impiden esas prácticas. Las calificó de “barbaridad” y “estupidez”, dejando en evidencia su incomodidad con los límites que impone la legislación vigente.
En medio del debate sobre la Ley del Sistema Nacional de Pagos —acusada de ser diseñada a medida del entorno presidencial—, el diputado cartista no solo reconoció que el proyecto fue impulsado por el propio Santiago Peña, sino que además lamentó que los políticos no puedan “hacer trabajar” a sus parientes como si se tratara de un derecho adquirido.
Ayer durante la sesión ordinaria de Diputados, el cartista Yamil Esgaib se quejó de leyes “barbáricas” que impiden que sus familiares puedan hacer negocios con el Estado o sean ubicados en cargos públicos.
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— ABC Digital (@ABCDigital) June 25, 2025
“Somos de cuarta clase”, afirmó sin rubor, en referencia a los impedimentos que rigen sobre la función pública. Una frase que resulta ofensiva si se tiene en cuenta que, lejos de estar marginado, Esgaib logró ubicar a sus hijas en puestos con salarios superiores al promedio de la ciudadanía.
Navila Esgaib Ortega, sin título universitario, figura como funcionaria de la Municipalidad de Asunción, pero está comisionada a Itaipú Binacional, donde cobra más de G. 11 millones mensuales.
Por su parte, Magida Esgaib Zgaib, estudiante y sin trayectoria académica destacada, fue contratada en la Embajada paraguaya en el Reino Unido con un salario que superaba los G. 22 millones mensuales hasta fines de 2023.
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Aunque no citó leyes específicas, sus declaraciones apuntan directamente a normativas como la Ley N° 7302/2024 —que prohíbe el nepotismo— y la Ley N° 7089, que regula conflictos de interés. Ambas han sido bastardeadas por sectores afines al oficialismo, pero siguen siendo una barrera legal ante el uso del aparato público como agencia de empleos familiares.
Fuente: ABC Color