El Senado analizará un préstamo de USD 185 millones para la ruta PY22. Opositores cuestionan al MOPC y exigen sanciones a fiscalizadoras.
El Senado debatirá este miércoles un proyecto de ley que autoriza un préstamo de USD 185 millones para rehabilitar la ruta PY22, que conecta Concepción, Vallemí y San Lázaro. La propuesta llega en medio de fuertes cuestionamientos por parte de la oposición al Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y a empresas fiscalizadoras.
La ministra Claudia Centurión defendió la iniciativa, afirmando que la vía requiere una reconstrucción completa debido al aumento del tránsito y al deterioro acelerado. Además, indicó que la ruta será clave para la logística de la planta de celulosa Paracel, actualmente en desarrollo en el norte del país.
La ruta ya fue construida anteriormente entre 2013 y 2019 con recursos del FOCEM, por un valor estimado de USD 160 millones. El senador Líder Amarilla (PLRA) denunció que las mismas empresas de aquel proceso siguen siendo contratadas, a pesar de la rápida degradación del tramo.
Amarilla criticó los millonarios contratos de fiscalización que, según afirmó, no contemplan sanciones efectivas para empresas que avalan obras defectuosas. Calificó como inaceptable que los daños estructurales se repitan sin consecuencias jurídicas para los responsables.
La senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu) se sumó al reclamo y pidió que los contratos incluyan cláusulas punitivas. Señaló que la mala calidad de las rutas impacta directamente en la siniestralidad vial y cuestionó la falta de acciones legales por parte del MOPC.
Desde el PLRA, Celeste Amarilla sostuvo que la ruta original fue diseñada para beneficiar a la cementera del expresidente Horacio Cartes. Afirmó que se inauguró de forma apresurada en 2015 y no se concluyó adecuadamente, lo que explicaría parte de su deterioro actual.
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En respuesta, la ministra Centurión explicó que el aumento del tráfico pesado y la falta de mantenimiento contribuyeron al desgaste de la vía. Indicó que los ingresos por peajes no han sido suficientes para cubrir las necesidades de conservación.
Centurión evitó pronunciarse sobre sanciones a fiscalizadoras, mientras senadores opositores exigen que el MOPC denuncie penalmente a las empresas que certificaron obras defectuosas. El proyecto cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
Fuente: ABC Color