Carlos Giménez, actual ministro de Agricultura, es denunciado por supuesta malversación de fondos de la pandemia durante su gestión como gobernador.



El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, fue denunciado por segunda vez ante el Ministerio Público por presuntos hechos de corrupción vinculados a su administración como gobernador de San Pedro entre 2018 y 2023. La denuncia fue presentada por el abogado Miguel Godoy, en representación de la ciudadana Blanca Franco.

El escrito señala que Giménez habría liderado un esquema para malversar fondos destinados a la reactivación económica durante la pandemia, por medio de organizaciones sin fines de lucro vinculadas a funcionarios departamentales. La supuesta lesión patrimonial asciende a aproximadamente G. 6.000 millones.

Según la denuncia, los fondos provenían de la Ley 6641/2020, que otorgaba apoyo financiero a gobiernos departamentales en el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19. En total, la Gobernación de San Pedro habría distribuido G. 11.837 millones a 19 organizaciones, algunas de las cuales no ejecutaron los proyectos previstos o sobrefacturaron servicios.

El documento cita a varios exfuncionarios como parte del esquema, incluyendo a Julia Mendoza Ocampos, Laura Grau Díaz de Bedoya, Evelio Villasanti y Charlis León. Todos ellos ocupaban simultáneamente cargos en la Gobernación y en asociaciones beneficiadas con los desembolsos.

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Entre los ejemplos señalados, se menciona que Charlis León habría recibido G. 1.124 millones a través de la Asociación de Apoyo a Productores, mientras que Julia Mendoza Ocampos obtuvo G. 3.339 millones desde su rol en una asociación de desarrollo social. También se citan sumas entregadas a Fernando Parini y Laura Grau, ambos con funciones clave en la estructura de la administración departamental.

La denuncia pide que el caso sea investigado por fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, considerando el volumen de fondos involucrados y la presunta existencia de una red organizada. Se cuestiona que la investigación iniciada por el fiscal barrial Juan Olmedo Centurión en San Pedro no haya tenido avances desde principios de este año.

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La situación guarda similitudes con el esquema de desvío de fondos públicos que llevó a la condena del exgobernador de Central, Hugo Javier González. En ambos casos, se utilizaron organizaciones intermediarias con vínculos funcionales para canalizar los recursos estatales.

La solicitud fue dirigida al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, con el objetivo de evitar la impunidad en casos que comprometen la transparencia en el uso de recursos durante la emergencia sanitaria.

Fuente: ABC Color


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