La Comisión Antimafia de Pagarés busca extensión por 120 días hábiles para concluir investigación de estafas sistemáticas contra jubilados y funcionarios.
El Senado analizará este miércoles un proyecto de ley que propone extender por 120 días hábiles las funciones de la Comisión de Investigación que indaga estafas sistemáticas contra funcionarios y jubilados públicos. El esquema utilizaba pagarés irregulares y ejecuciones judiciales para realizar descuentos no autorizados en salarios y pensiones de miles de trabajadores estatales.
El proyecto de resolución figura en el punto 10 del orden del día de la sesión ordinaria. La propuesta modifica la Resolución N° 1111 del 9 de abril de 2025 que creó la comisión especial de investigación de carácter transitorio para estudiar la denominada mafia de los pagarés que operó durante años sin controles adecuados.
La modificación del inciso c del artículo 2° amplía el alcance investigativo para examinar modalidades y procedimientos del esquema de descuentos, cesiones de crédito y embargos judiciales. También incluye prácticas abusivas de cobranza y utilización de títulos irregulares, analizando el rol de intermediarios, asociaciones, casas comerciales, estudios jurídicos, entidades financieras y estatales.
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La Comisión ha documentado más de 3.000 denuncias de descuentos indebidos, embargos ilegítimos y prácticas abusivas perpetradas por casas de crédito, bancos y asociaciones. Las investigaciones identificaron graves fallas institucionales en verificación de firmas, consentimiento informado y trazabilidad de deudas que facilitaron el funcionamiento del esquema fraudulento.
El equipo técnico, pese a recursos humanos limitados, logró articular acciones con la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Economía, Defensa Pública y Banco Central. Esta coordinación interinstitucional permitió avanzar en reformas administrativas y legislativas concretas, incluyendo el proyecto que limita descuentos salariales al 50% y la creación de juzgados especializados.
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La prórroga se fundamenta en la necesidad de concluir tareas pendientes como el fichaje completo de expedientes judiciales relacionados con el esquema. También busca cuantificar el perjuicio económico total causado a las víctimas y lanzar un micrositio web con información específica para afectados por estas prácticas fraudulentas.
El documento destaca la importancia de redactar un informe final con propuestas de política pública que prevengan la repetición de estos esquemas. La continuidad operativa es considerada esencial para consolidar avances institucionales alcanzados durante la investigación y reforzar los mecanismos de asistencia a víctimas identificadas en el proceso.
Fuente: ABC Color