El debate sobre criminalidad y derechos humanos enfrenta visiones opuestas: más penas versus prevención. Rubín y Peralta exponen posturas en conflicto.



Un debate con enfoque contrapuesto marcó la jornada en Radio Ñandutí, donde el diputado Rubén Rubín y la abogada Alejandra Peralta discutieron el alcance de un proyecto legislativo que propone aumentar las penas para delitos graves. La iniciativa, defendida por el legislador, fue cuestionada por Peralta desde una óptica de derechos humanos.

El proyecto plantea endurecer las sanciones penales como vía para reducir la criminalidad. Rubín argumentó que se necesita una justicia firme frente a crímenes como el abuso sexual o el homicidio. En contrapartida, Peralta advirtió que sin prevención y políticas integrales, el aumento de penas no impactará en las causas reales del delito.

Desde su experiencia en el Ministerio de Justicia, Peralta subrayó que el castigo sin una estrategia preventiva puede producir efectos contrarios. Apeló a datos comparativos y recordó principios constitucionales como el artículo 20, que establece la finalidad de la pena, y el artículo 46, que consagra la igualdad ante la ley.

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La abogada también criticó la resistencia legislativa a promover juzgados especializados en violencia de género, pese a que los índices de feminicidio siguen en aumento. Según manifestó, ciertos discursos niegan la necesidad de enfoques diferenciados, desatendiendo la realidad de las víctimas.

Otro punto abordado fue el reciente cambio de denominación en el Congreso, donde la Dirección de Equidad y Género pasó a llamarse «equidad entre el hombre y la mujer». Peralta consideró que eliminar el término «género» representa un retroceso institucional y simbólico en la lucha por los derechos de las mujeres.

En su exposición, Rubín reafirmó que el objetivo de su propuesta es impedir que quienes cometan delitos graves accedan rápidamente a beneficios judiciales. Para él, la severidad en las penas representa una respuesta legítima a la demanda ciudadana de justicia.

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El cruce de posturas reflejó dos visiones sobre cómo enfrentar la inseguridad. Una centrada en el endurecimiento del castigo, y otra que exige análisis estructurales, prevención y respeto por los estándares internacionales de derechos humanos.

La discusión sigue abierta en el Congreso Nacional. Mientras tanto, diversos sectores sociales reclaman que las políticas públicas en materia penal no ignoren ni la realidad de las víctimas ni la eficacia probada de las estrategias preventivas.

Fuente: El Nacional


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