Condenado por desvío de G. 800 millones, Roberto Cárdenas sigue libre pese a tener orden de captura desde marzo. La justicia aún no ejecuta la medida.
Desde marzo de 2025, Roberto Cárdenas, exintendente de Lambaré, tiene una orden de captura pendiente. Fue sentenciado a ocho años de prisión por la lesión de confianza vinculada a la sobrefacturación en obras escolares financiadas con recursos del Fonacide.
La causa judicial, iniciada en 2015, derivó en una condena firme por un perjuicio patrimonial al Estado de más de G. 859 millones. El 17 de marzo de este año, la jueza de ejecución penal María Lidia Wyder ordenó su detención, pero hasta la fecha, Cárdenas no ha sido capturado ni remitido a ningún penal.
Pese a la vigencia de la orden judicial, no se registran acciones públicas de búsqueda activas por parte del Ministerio del Interior, la Policía Nacional o la Interpol. El exjefe comunal no figura en listas de prófugos difundidas, lo que abre dudas sobre la voluntad institucional para su localización.
Roberto Cárdenas enfrenta, en total, tres causas judiciales. Además de la ya resuelta con condena, fue beneficiado con una extinción de acción penal en un proceso paralelo por más de G. 11.200 millones. Esa resolución aún no fue confirmada en instancias superiores.
En otro expediente independiente, fue absuelto de culpa y pena, cerrando ese frente judicial. En ese caso, la estimación del daño superaba los G. 5.700 millones. En suma, los casos que involucran al exintendente representan un presunto perjuicio al erario superior a G. 18 mil millones.
Ordenan captura de exintendente de Lambaré por caso de corrupción
Durante años, Cárdenas se mantuvo en libertad amparado por medidas alternativas, chicanas procesales y recursos constitucionales. Incluso intentó frenar la ejecución de su condena con un recurso de aclaratoria, rechazado por la Corte Suprema en noviembre de 2024.
La inacción para ejecutar la orden de captura contrasta con la gravedad del hecho probado: fondos públicos destinados a infraestructura escolar fueron desviados mediante sobrefacturación, afectando directamente a comunidades educativas de Lambaré.
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El patrón judicial revela una problemática estructural. Según datos públicos, de 32 causas contra intendentes por hechos de corrupción, solo una condena se encuentra en cumplimiento con prisión efectiva. La mayoría evade la cárcel mediante salidas procesales o penas reducidas.
Mientras tanto, la ciudadanía lambareña no cuenta con respuesta institucional clara sobre quién debería estar a cargo de localizar a un condenado por corrupción, y qué mecanismos se están activando para que cumpla la pena impuesta por la justicia.
Fuente: Última Hora