El artículo 24 del proyecto de protección de datos podría limitar el acceso a información pública sobre funcionarios, según advirtió el abogado Ezequiel Santagada.
El proyecto de ley de protección de datos personales, que será debatido esta semana en la Cámara de Senadores, genera preocupación entre expertos en transparencia. El abogado Ezequiel Santagada alertó que uno de sus artículos podría restringir el acceso a información pública sobre funcionarios del Estado.
La alerta se centra en el artículo 24 del proyecto, que establece que, ante una solicitud de información sobre datos personales de un funcionario, se deberá requerir su consentimiento. Esta modificación afectaría directamente el funcionamiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde 2015.
Según Santagada, esto representaría un retroceso en materia de transparencia, ya que impediría conocer datos que hoy son accesibles, como nombres, funciones, salarios, cargos y vínculos familiares dentro del Estado. El abogado considera que esto blindaría posibles casos de nepotismo y malversación.
El proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y será tratado por el Senado en su sesión del miércoles. Organizaciones de la sociedad civil y defensores del derecho a la información alertaron sobre el impacto que tendría la aprobación del artículo sin modificaciones.
Uno de los aspectos más criticados es que, al exigir el consentimiento del funcionario afectado, la divulgación de información que actualmente es considerada pública pasaría a depender de la voluntad del propio involucrado, generando un obstáculo inédito en el acceso ciudadano.
La Asociación de Bancos del Paraguay también expresó su preocupación durante el tratamiento en Diputados. El gremio señaló que la cláusula podría impedir el acceso a datos sobre declaraciones juradas de funcionarios, afectando los mecanismos de control sobre el patrimonio de quienes ejercen funciones públicas.
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El abogado propuso eliminar el artículo 24 del proyecto para preservar el derecho constitucional a acceder a datos de interés público. En caso de aprobarse sin cambios, anunció que se impulsará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema.
La Cámara de Senadores deberá decidir si prioriza la protección de datos personales sin afectar la transparencia estatal o si mantiene una redacción que, según especialistas, obstaculiza el control ciudadano sobre la gestión pública.
Fuente: ABC Color