Un consorcio ligado al padre de un senador y una aseguradora con vínculos políticos se niegan a pagar una deuda millonaria a la ANDE.
Más de G. 4.852 millones siguen sin ser reembolsados a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por parte del Consorcio Arapoty y la aseguradora ueno Seguros. La deuda corresponde al anticipo y a la garantía de cumplimiento de un contrato millonario incumplido para la provisión de transformadores.
El contrato, firmado en 2021, fue adjudicado al Consorcio Arapoty Transformadores, cuando estaba representado por el entonces empresario y hoy senador Dionisio Amarilla. El grupo también incluía a la firma Super KVA Transformadores SA y recibió un adelanto del 20% del total licitado, unos G. 3.427 millones, para entregar 1.440 transformadores. Sin embargo, solo se entregaron 121 unidades, y los primeros 20 ni siquiera pasaron las pruebas técnicas de la ANDE.
Ante el incumplimiento, la ANDE inició el proceso de rescisión del contrato en septiembre de 2022, el cual se formalizó en enero de 2023. Ese mismo mes, la institución estatal intimó a Arapoty, ya representado por Dionisio Amarilla González (padre del senador), a devolver el anticipo más G. 1.713 millones correspondientes a la garantía, totalizando G. 4.852 millones. La empresa ignoró el requerimiento.
En paralelo, se notificó a Alfa Seguros y Reaseguros SA —actualmente ueno Seguros—, que había avalado el contrato con pólizas. La aseguradora tampoco respondió, a pesar de que tenía como accionista al Grupo Vázquez SAE, conocido por haber sido socio empresarial del presidente Santiago Peña hasta marzo de este año.
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En marzo de 2023, el Consorcio Arapoty presentó una demanda ante el Tribunal de Cuentas buscando anular la rescisión del contrato, intentando así evitar la devolución del dinero público. La ANDE, por su parte, respondió con una demanda civil contra ueno Seguros el 9 de agosto de 2024, exigiendo el pago correspondiente.
El asesor legal de la ANDE, Nelson Medina, confirmó que la aseguradora se rehúsa a pagar mientras la demanda administrativa siga en trámite, aunque aclaró que se trata de procesos independientes. La causa está en manos del juez civil Alfredo Barrios, quien dictó la última providencia el 1 de agosto pasado.
Fuente: ABC Color