Celso Kelembú llevó torta al Ministerio Público al presentar la denuncia N.º 50 contra Miguel Prieto por habilitación de surtidor. Pide allanar actas y revisar resoluciones.
El ex concejal Celso Kelembú Miranda formalizó la denuncia N.º 50 contra el intendente suspendido Miguel Prieto Vallejos. La presentación, realizada en el Ministerio Público, estuvo marcada por una puesta en escena con torta, gorro y bebida caliente, recurso con el que subrayó la cifra alcanzada en su ofensiva judicial.
El escrito ingresó cerca del mediodía y se suma al expediente de casos que rodean al jefe comunal apartado. Según el denunciante, el nuevo señalamiento aborda hechos supuestamente vinculados a la gestión municipal y a decisiones administrativas que, a su criterio, habilitaron irregularmente una estación de servicio en Ciudad del Este.
De acuerdo con la acusación, el núcleo del planteo se centra en la presunta violación de una ordenanza municipal que regula distancias y requisitos para la instalación de surtidores. El documento sostiene que la autorización habría desconocido parámetros locales, lo que motivó la acción penal ante la Fiscalía.
La presentación menciona figuras como supuesta lesión de confianza, hechos contra la seguridad y contra las bases naturales de la vida humana. Además, incorpora a concejales municipales y al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) como instancias que, según el relato, intervinieron o avalaron decisiones que deben ser verificadas por la autoridad fiscal.
El caso específico refiere a la calle 2.000 de Ciudad del Este, donde se habría habilitado una nueva estación frente a otra ya existente. El denunciante sostiene que la ordenanza exige un mínimo de 300 metros entre establecimientos de ese rubro y que dicha exigencia no habría sido observada al momento de otorgar la autorización.
En paralelo, el escrito afirma que las disposiciones del Mades requieren una separación de 1.000 metros en determinadas condiciones, distancia que también habría sido ignorada. Por ello, solicita que el Ministerio Público ordene el allanamiento del libro de actas para identificar el sentido de voto de los concejales que acompañaron la resolución.
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Kelembú atribuye responsabilidad al intendente suspendido por la homologación de la autorización y por la emisión de una resolución que, según su planteo, habría permitido la instalación del surtidor. Señala que de las 50 denuncias registradas, 22 fueron promovidas por él, lo que a su entender configura un patrón de reiteración que justifica el seguimiento fiscal.
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La acción judicial llegó con una puesta en escena que incluyó torta y accesorios festivos, recurso con el que el ex edil buscó marcar el hito numérico. En su discurso público insistió en que continuará presentando casos y que la cifra podría aumentar, sin precisar plazos ni nuevos expedientes concretos.
Según adelantó, la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este prepara al menos seis planteamientos adicionales por hechos pendientes de revisión. La Fiscalía deberá decidir si abre investigación formal, qué imputaciones, si corresponde, formulará y qué medidas adoptará, entre ellas la revisión de resoluciones administrativas y del registro de votaciones de la Junta Municipal.
Fuente: Última Hora