Basilio Núñez anunció que el cartismo aprobará la Ley de Concertaciones, bloqueando a la oposición el uso del padrón nacional en sus internas.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, anticipó que el cartismo aprobará el proyecto conocido como Ley de Concertaciones, que establece la prohibición para partidos concertados de utilizar el padrón nacional en sus elecciones internas. Esta iniciativa legislativa busca modificar las reglas electorales que actualmente permiten a coaliciones políticas acceder al registro completo de votantes para sus procesos de selección interna. La medida generó controversia entre sectores de oposición que consideran la propuesta como un mecanismo para limitar la participación electoral y favorecer exclusivamente a la Asociación Nacional Republicana.
Núñez argumentó que el impedimento legal para que aglutinaciones políticas utilicen el padrón nacional evidencia la supuesta “orfandad” popular de los partidos concertados. El dirigente colorado sostuvo que estas formaciones políticas no logran reunir participación significativa en sus internas incluso contando con acceso al padrón completo de ciudadanos habilitados para votar. Esta justificación busca presentar la restricción como una medida que simplemente reconoce la realidad de baja convocatoria de los partidos de oposición en sus procesos internos.
El presidente del Congreso comparó los niveles de participación entre la Concertación y el Partido Colorado para respaldar su propuesta legislativa. Núñez señaló que cuando la oposición utilizó el padrón nacional, contando con cinco millones de empadronados, logró una participación del 13% en sus elecciones internas. En contraste, destacó que el Partido Colorado alcanza 50% de participación utilizando únicamente su padrón partidario, además de realizar transmisiones en vivo del proceso de conteo de votos.
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La argumentación del dirigente cartista incluye referencias a prácticas electorales en otros países latinoamericanos donde se utiliza el padrón específico de cada partido para procesos internos. Núñez explicó que “concertar significa estar todos de acuerdo”, por lo que si un partido como la ANR o el PLRA no está de acuerdo con una coalición, no puede formar parte del padrón conjunto. Esta interpretación busca establecer un marco conceptual que justifique la exclusión del padrón nacional para partidos que integran concertaciones electorales.
El presidente del Congreso citó el respaldo teórico del ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral César Rossel, quien habría establecido que las concertaciones no pueden incluir el padrón de partidos contra los cuales disputarán elecciones. Esta referencia académica busca proporcionar sustento jurídico a la propuesta legislativa que modifica las reglas de acceso al padrón nacional. Núñez también anticipó denuncias contra partidos en formación que presuntamente no cumplirían requisitos mínimos para su inscripción telemática.
La oposición considera que esta propuesta legislativa constituye un ataque directo contra las posibilidades electorales de los partidos no oficialistas y desalienta la participación ciudadana en procesos democráticos. Los detractores argumentan que la ley cercenaría de manera “inconstitucional” el derecho fundamental de los ciudadanos a elegir y participar en procesos electorales. Esta perspectiva presenta la iniciativa como una restricción arbitraria que viola principios democráticos básicos y limita el acceso equitativo a herramientas electorales.
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral había respaldado previamente el derecho de la oposición a utilizar el padrón nacional mediante una resolución de 2023 apoyada por los ministros César Rossel y Jorge Bogarín González. Esta decisión judicial favorable a los partidos concertados estableció un precedente que reconocía su derecho a acceder al registro completo de votantes para sus procesos internos. La resolución del TSJE representó una victoria legal significativa para la oposición en materia de derechos electorales.
La iniciativa cartista busca revertir por vía legislativa la decisión favorable de la máxima instancia electoral, estableciendo prohibiciones legales que anulen el fallo del TSJE. Esta estrategia política utiliza el control parlamentario para modificar las reglas electorales en favor del partido oficialista, generando tensiones sobre la independencia del sistema electoral paraguayo. La aprobación de esta ley representaría un cambio significativo en el marco normativo que regula la competencia política y el acceso a herramientas electorales en Paraguay.
Fuente: Última Hora