La intervención a la administración del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR – cartista) comenzó el 24 de junio. El plazo legal del proceso es de 60 días y el interventor, Carlos Pereira, confirmó que este viernes, 22 de agosto, entregará su informe final al Ministerio del Interior.
Una de las confirmaciones más contundentes de esta fiscalización es el desvío de G. 500.000 millones originalmente emitidos para obras de infraestructura, que fueron reorientados para cubrir gastos administrativos. De esta colosal suma, la mitad, es decir, unos G. 250.000 millones, se destinó directamente al pago de salarios, aseveró Carlos Pereira.
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Precisamente, el proceso de intervención a la administración de Nenecho se da a pedido de la Contraloría General de la República, principalmente porque el año pasado, tras una verificación especial, confirmó el colosal desvío de dinero, que había sido denunciado por ABC.

Esta reasignación de fondos para gastos corrientes, en lugar de inversiones en obras, incluso cuando Rodríguez la defendió alegando la existencia de una “cuenta única”, plantea serias interrogantes, por un lado sobre la legalidad del proceso administrativo, prohibido por la Ley Orgánica Municipal. Por otro lado, sobre la priorización del gasto y la sostenibilidad financiera de la comuna.
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Gestión de Nenecho: red de deudas, falta crítica de transparencia
El panorama financiero se agrava con una compleja red de deudas. Si bien el Estado debe a la Municipalidad G. 355.000 millones, la propia comuna adeuda G. 278.000 millones al Gobierno Central.
A esto se suma una cifra asombrosa de US$ 1.500 millones de deudas de contribuyentes que no estaban reflejadas en el balance general. Pereira dijo desconocer si podrán ser cobradas o si ya han prescrito, lo que representa una potencial pérdida irrecuperable para las arcas municipales.
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Además, se detectaron G. 488.000 millones en intereses por diversos compromisos de la Municipalidad que no estaban siendo contabilizados, lo que evidencia una falta crítica de transparencia y rigor en la gestión contable.

La morosidad de los contribuyentes también es un factor preocupante, con un 50% de incumplimiento en los pagos a la municipalidad, lo que impacta directamente en la capacidad de recaudación.
¿Cómo pagarán los salarios y quién lo hará?
Preliminarmente, el equipo interventor también confirmó una plantilla municipal con 9.119 funcionarios, distribuidos en 58 direcciones, una estructura administrativa que bien podría funcionar con 3.000 empleados menos, según había considerado Carlos Pereira, quien señaló que dejará recomendaciones para las próximas administraciones.
La superpoblación de funcionarios obligó a iniciar un censo, porque no se sabe dónde están y qué funciones cumplen, aunque el equipo interventor encontró 27 sistemas informáticos de gestión municipal, con un énfasis en Recursos Humanos, que simplemente no se estaban utilizando.
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A esta crisis se suman atrasos en los pagos a proveedores, a tenedores de bonos y a los bancos; además del pésimo estado de vehículos y camiones para la recolección de residuos y otros servicios públicos, como los de la Policía Municipal de Tránsito.
El interventor Pereira y la directora de Recursos Humanos, Emi Moriya, manifestaron preocupación por la exorbitante cantidad de deudas, por que esto llegue a afectar la prestación de servicios y porque no hay recaudación suficiente para pagar de salarios, incluso los de agosto.
Si se destituye a Nenecho, habrá elecciones
Según había explicado el ministro del Interior, Enrique Riera, una vez recibido, el informe final de Pereira será remitido a la Cámara de Diputados, donde se decidirá la destitución o no de Rodríguez. De ocurrir, se llamará a elecciones de un intendente que culmine su periodo, en diciembre del año que viene. Mientras, según el análisis de Riera, debería asumir de forma interina el presidente de la Junta Municipal, que es Luis Bello (ANR – HC).